¿Dónde estás, Catherine?

Por Adrián Vidales

Si hay algo que cualquier europeísta tiene claro es que la UE es un sujeto peculiar en la sociedad internacional. Mientras a nivel económico y comercial, la Unión Europea es un actor plenamente operativo, en lo puramente político no termina de definir su identidad o sus prioridades. Resultan notorios los avances cosechados en el ámbito económico de la integración: tenemos una unión aduanera, una unión bancaria y hasta una moneda única; pero en cuanto nos adentramos en el terreno más estrictamente político, el proceso de integración comienza a renquear. En este artículo quisiera dirigir la atención del lector hacia uno de los aspectos más largamente deseados y, sin embargo, más escasamente implementados de la política comunitaria: la política exterior y de seguridad común, o PESC.

La PESC es uno de los pilares de actuación sobre los que se asienta la acción exterior de la Unión Europea. Dirigida por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (cargo ocupado actualmente por Catherine Ashton) la PESC trata de articular las relaciones internacionales y la política exterior del conjunto de la Unión, así como las capacidades en materias de Defensa (organizadas en torno a la Política Europea de Seguridad y Defensa, o PESD). Si bien la Política Exterior y de Seguridad Común, como tal, nació con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, cuenta con antecedentes como la Comunidad Europea de Defensa o la Cooperación Política Europea; experimentos que, o bien fracasaron o bien pronto demostraron su insuficiencia por estar insertos en una lógica intergubernamental. La PESC sufre exactamente de la misma dolencia.

La falta de coherencia en la Acción Exterior europea, a la que la PESC trató de dar respuesta hace ya 21 años, se encuentra íntimamente ligada a la escasa profundidad del proceso de integración en esta parcela estrictamente política. Aun siendo cierto que los procedimientos de cooperación y consulta implementados desde entonces han hecho evolucionar la situación, lo cierto es que la cuestión de fondo sigue sin ser abordada. Así, el Tratado de Lisboa, al exigir la unanimidad en la toma de decisiones en el Consejo Europeo (máximo órgano decisorio de la UE en materia de política exterior) refleja la consolidación de la naturaleza intergubernamental de la PESC y, por tanto, su dependencia de la voluntad de unos Estados miembros que tradicionalmente se han resistido, y se siguen resistiendo, a ceder uno de los elementos del denominado “núcleo duro de la soberanía nacional”. Y la crisis en Ucrania ha puesto de manifiesto las carencias de esta concepción.

La Unión Europa se enfrenta en estos días a una emergencia de carácter distinto de las que han afectado al club comunitario en los últimos años. Frente a peligros como la quiebra del sistema bancario europeo o el hundimiento del euro, la UE se enfrenta en Ucrania a un escenario estrictamente político: la posibilidad de una guerra en uno de los Estados clave en el tablero geopolítico europeo. Con el agravante de que, en esta ocasión, el rival a batir es Rusia, unida a la UE por grandes lazos comerciales y energéticos.

Y una vez más, las carencias de la PESC han salido a la superficie, en forma, por un lado, de división en cuanto a la respuesta a dar; y por otro, de absoluto protagonismo de los líderes nacionales en detrimento de los comunitarios. En cuanto al primero de los problemas apuntados, las divergencias son claras entre unos socios exsoviéticos (con Polonia a la cabeza) que demandan mano dura contra el Kremlin y apoyados por Reino Unido, que sigue la estela marcada por un Obama que reaccionó antes que nadie; y otros socios, con Alemania como principal referente, reacios a enfrentarse abiertamente a una Rusia de la que dependen energéticamente, y que en un principio apostaron por el diálogo y la contención. Finalmente, como no podía ser de otra forma tratándose de la UE, se llegó a un acuerdo de mínimos que establecía las primeras sanciones a Rusia, concretamente, la suspensión de las negociaciones bilaterales para la liberalización de visados y las del nuevo acuerdo de asociación UE-Rusia que debía firmarse en los próximos meses, así como una declaración de ir más lejos en el camino de las sanciones si fuera necesario. Una respuesta de lo más tibia ante la política de hechos consumados del Kremlin.

¿Y quién está llevando la voz cantante por parte europea en esta crisis? Los de siempre. Cuando Rusia comenzó a desplegar sus tropas en territorio crimeo, todos los ojos se volvieron hacia Berlín, no hacia Bruselas. No fue Ashton quien mantuvo esa conversación telefónica con Putin en la que se convenció al dirigente ruso de sentarse a la mesa de contactos. Y tampoco fue Ashton quien amenazó a Rusia con nuevas sanciones en el Consejo Europeo previsto para el lunes 17 si persiste en su actitud; fue el primer ministro británico, otro de los protagonistas en los últimos días.

La crisis ucraniana ha vuelto a destapar las vergüenzas del proceso comunitario de integración política, y ha marcado un nuevo capítulo en la eterna confrontación entre federalismo e intergubermentalismo que viene lastrando a la UE desde sus orígenes. Una vez más, resulta evidente la necesidad de implementar, de una vez por todas, una política exterior y de defensa común efectiva que permita que la Unión Europea hable con una sola voz contundente en materia internacional; y que, asimismo, dote a la organización de capacidad operativa para dar una respuesta defensiva conjunta en caso de ser necesaria. El Tratado de Lisboa ha introducido la “cláusula de asistencia mutua” que establece que “si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance.” ¿Pero tiene la UE, a día de hoy, capacidad para cumplir dicha cláusula?

Decía el expresidente polaco Lej Kachinsky una frase inquietante: “Primero será Georgia, luego Ucrania, después los países bálticos, y finalmente Polonia.” La primera pieza del puzzle ya fue neutralizada en 2008; la segunda va camino de serlo. Pero la tercera y la cuarta son socios comunitarios. ¿Estará la Unión Europea preparada para responder si finalmente se cumple esta inquietante profecía?