Polonia: un pulso por la independencia judicial

La semana pasada, miles de ciudadanos se manifestaban frente al Tribunal Supremo de Polonia, justo donde unos días antes Donald Trump era recibido, con los brazos abiertos, por el Ejecutivo del país. Los airados manifestantes (que repitieron el viernes en las principales ciudades del país) criticaban las recientes reformas en materia de justicia planteadas por el partido en el Gobierno, “Ley y Justicia” (PiS, en sus siglas en polaco) que finalmente fueron aprobadas por el Senado el pasado sábado.

Es, justamente, este Ejecutivo, el que ha dado numerosas ocasiones a la ciudadanía para salir a la calle, desde su victoria en octubre de 2015. Siguiendo la tendencia de “democracia iliberal” a la que ya se han sumado otros ejecutivos como el húngaro, el Gobierno del PiS ha apadrinado polémicas reformas como el incremento del control de los medios públicos (que calificaron a la manifestación del otro día como “golpe”), las modificaciones en un sistema educativo “que defienda los valores tradicionales”, el intento de restringir (aún más) el aborto, o la creación de Grupos de Defensa Territorial para “defender los valores cristianos y patrióticos”, han sido contestadas por una sociedad civil que se ha mostrado muy crítica y activa.

Pero, además de la oposición polaca, ¿qué puede hacer la UE frente a esto? Las instituciones se han armado de varios instrumentos de “garantía del Estado de Derecho” que es, en definitiva, uno de los principios sobre los que se asienta la Unión.

El primero es el “instrumento de alerta rápida”, creado en 2014, y que busca, a través de un diálogo con el Estado Miembro en cuestión, encontrar soluciones antes de recurrir al procedimiento siguiente.

El segundo es el “procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE”. Un artículo que incluye, en realidad, dos procedimientos: 1) el que permite “constatar un riesgo de violación del Estado de Derecho”, y 2) el mecanismo más duro, por el que se puede reconocer una efectiva “violación del Estado de Derecho”. De llegar a este punto, lo que requeriría la unanimidad de los Estados Miembros, se podrían suspender algunos derechos otorgados por el Tratado, como el derecho de voto en el Consejo de la UE.

Las propias instituciones europeas decidieron, ya en enero de 2016, recurrir al “instrumento de alerta rápida” por primera vez, justo contra Polonia (nos lo contaba Salva Llaudes). Dicho mecanismo contempla varias fases, entre las que destaca el establecimiento de determinadas recomendaciones a seguir que, no obstante, fueron ignoradas por el Ejecutivo ultranacionalista.

La situación actual, quizás por su especial gravedad, parece haber agotado la paciencia de las Instituciones Europeas y muy especialmente del vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.

Esta semana, el grupo del PiS en el parlamento polaco planteaba una vuelta de tuerca más a una controvertida reforma del poder judicial que ya levantó duras críticas de la oposición parlamentaria, diversas ONGs y buena parte la sociedad civil (un 76% está en contra, según algunas encuestas), como prueban los manifestantes de los que hablábamos al inicio del post. Dicha reforma constaba de varios objetivos: reforzar el papel del Parlamento en la elección de los miembros del Consejo Nacional Judicial -el órgano de gobierno de los jueces polaco-, con lo que elegiría a la mayoría de éstos, y la posibilidad de que el Ministro de Justicia nombre a los jueces de las instancias inferiores. Pero la última medida ha sido la más polémica: a través de ella el Ejecutivo adquiriría un enorme poder sobre la selección de los magistrados del Tribunal Supremo. Así, ello supondría el fin del mandato de los actuales jueces de la máxima instancia judicial, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por otros, nombrados por el propio Ministro de Justicia. Muchas voces ya han denunciado la manifiesta ilegalidad de esta reforma. Por otro lado, se “recordó” a los jueces que deben tener en cuenta los “valores cristianos” (¿querrán decir “los del partido gobernante”?) a la hora de tomar sus decisiones. Finalmente, el Senado (donde el PiS ocupa el 62% de los escaños) ha dado luz verde a la reforma el pasado viernes 21. Ahora la última palabra la tiene el Jefe del Estado, Andrzej Duda, en cuyas manos está el poder vetar la ley.

Como señala Andrzej Mendel-Nykorowycz desde ECFR, estos cambios darían vía libre al PiS para colocar en el Tribunal Supremo a sus partidarios, y, en definitiva, poder “mantener el control sobre los nombramientos judiciales por lo menos durante los próximos cuatro años”.

Dichas modificaciones en el Tribunal Supremo han sido especialmente criticadas y es que, como recuerda quien fuera letrado del TJUE, Daniel Sarmiento, “atacar al Tribunal Supremo es atacar la propia esencia del poder judicial”.

En esta ocasión, y como apunta Carlos Closa, la respuesta de la Unión ha sido más contundente que la tomada respecto a casos similares como el húngaro, cuyo Gobierno también ha puesto en jaque a la UE con reformas de corte similar (aunque las diferencias entre el caso polaco y el húngaro son numerosas, y  hablar del caso húngaro daría para otro post…) El catedrático señala que, en la situación en Polonia, el partido del Ejecutivo no disfruta de tanta fuerza parlamentaria como en el vecino magiar; su posición en el Parlamento Europeo es más débil (pues pertenece al Grupo de los Conservadores y Reformistas, menos numeroso, y no al hegemónico Partido Popular, como es el caso del Fidesz húngaro). Sin embargo, Closa es escéptico con el mecanismo de sanción del artículo 7: llegado el caso, al requerir la unanimidad del Consejo Europeo (representado por sus Estados Miembros) es posible que Hungría bloquee la aplicación de tales medidas, dejando en evidencia su falta de operatividad. La UE es aquí, una vez más, presa de sus propias lógicas, cuando éstas recaen en exceso en el peso de los Estados.

No obstante, y como recordaba The Economist, Polonia cuenta con un importante activo: una sociedad civil fuerte y cada vez más crítica con el gobierno ultranacionalista, que ya logró detener algunas medidas muy regresivas. Un aspecto interesante y esperanzador de estas protestas es que han conseguido aglutinar a gente de toda condición al margen de ideologías, y muy especialmente a los jóvenes. Posiblemente sea esta capacidad de presión (a lo que debemos sumar que incluso desde la Administración Trump también se han criticado dichas medidas) la que logre hacer rectificar a un gobierno que justifica las reformas para “liberar a unos tribunales subordinados a fuerzas extranjeras” y así “proteger al pueblo de las élites”. ¿Nos suena todo esto?

 

Actualización: durante la mañana del lunes 24, el presidente Andrzej Duda anunció su intención de vetar algunos aspectos de la reforma.

 

Un agradecimiento en especial a Elisa Uría y a Wojciech Golecki por sus sugerencias a este artículo.