Después de Tallin, aún mucho por decidir

“Estamos construyendo en la Unión Europea una sociedad digital”, indicaba el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, momentos antes de la cumbre de Tallin sobre la Europa digital. “Pero para ello —añadía— necesitamos la infraestructura correcta, las normas correctas y la actitud correcta”.

No es casualidad que sea Estonia el país que está intentando, en su semestre de presidencia del Consejo, impulsar una economía y sociedad digitales. Esta república báltica utiliza plataformas y herramientas digitales en la educación, fue el primer Estado en permitir votar por Internet en unas elecciones generales, cuenta con una de las bandas anchas más rápidas del mundo, destaca por los avances en pagos electrónicos y por su servicio de salud digitalizado. Además, ofrece la residencia electrónica que permite acceder a numerosos servicios digitales. En conclusión, Estonia es referencia para todo país que quiera avanzar hacia una administración y unos servicios públicos electrónicos.

Son muchos, como vemos, los temas que se podían discutir en Tallin, pero, como suele ocurrir en muchas de estas cumbres, las conclusiones se quedan en meras declaraciones de intenciones, como querer adaptar el sector público a la era digital, convertir a Europa en líder global en ciberseguridad para 2025, hacer de la UE el mejor escenario para los negocios y la innovación, empoderar a las personas, e invertir en el crecimiento de la economía digital. El desfile de personalidades antes de la cita iba dejando atractivas palabras que deleitaban a los medios sobre los beneficios de la Europa digital. Palabras.

Estonia quiso organizar un gran evento, una gran cumbre sin entrar en las largas discusiones en las que se suelen enzarzar los líderes europeos, y preparar, así, una agenda de cara a 2025 basada en un amplio abanico de cuestiones generales. Por supuesto que, cuando hablamos de economía digital, hay que pensar a largo plazo, pero las palabras se pueden quedar en el aire, y lo que debería establecerse es la base de un acuerdo que siente las bases normativas de lo que queremos conseguir. Por cierto, el tiempo se agota: de las 24 propuestas legislativas de la Comisión en materia digital, aún deben adoptarse 18 antes del final de 2018.

Por su parte, Emmanuel Macron se presentó en Tallin con su programa. Francia ya llevaba una iniciativa, suscrita también por España, Alemania e Italia, que tiene como fin frenar los abusos fiscales de gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o Apple. Estos cuatro países defienden que estas compañías han usado regímenes fiscales que les han permitido no pagar billones de euros en impuestos en la UE. Por ello, de acuerdo a esta idea, según Macron apoyada por 19 Estados, estas compañías pagarían impuestos en función de lo que facturen en cada país, en lugar de, como lo hacen actualmente, por los beneficios que obtienen.

Estonia evitó cualquier confrontación en torno a este asunto, al existir diferentes opiniones al respecto, y no se incluyó en la agenda. Quienes no esconden su oposición a esta iniciativa son Irlanda y Luxemburgo. La Comisión Europea sancionó a Apple en 2016 a pagar 13.000 millones de euros a Irlanda por haberse beneficiado durante más de una década de rebajas fiscales. Además, se están investigando prácticas similares entre Luxemburgo y Amazon. Por su parte, el ejecutivo comunitario impuso, el pasado mes de junio, una multa a Google de 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante en su servicio de comparación de compras en línea. En conclusión, la Comisión barajará varios escenarios, se concede tiempo y hará pública su propuesta en primavera.

No se puede negar que no se esté avanzando en iniciativas digitales, pero los acuerdos no acaban de llegar. Sí, se han eliminado los recargos por roaming, pero hay mucho más en juego. La Comisión propuso hace un año un código europeo de comunicaciones electrónicas, pero los Estados bloquean los avances para la gestión de la coordinación del espectro, clave para la llegada del 5G y el internet de las cosas. También se quiere acabar con el bloqueo geográfico injustificado para evitar discriminación a los consumidores. Asimismo, se deben dar pasos para proteger la seguridad de los ciudadanos en Internet, entre muchas otras cuestiones.

Está claro que la fragmentación europea en el terreno digital impide serios avances. Si caminamos por separado, no haremos más que obstaculizar el desarrollo de todas estas tecnologías. La integración europea consiste, precisamente, en facilitar la vida de los ciudadanos europeos, en que nos beneficiemos del mercado único, también en lo digital; en que podamos acceder a cada vez más servicios electrónicos, que son menos costosos y más cómodos. Eso sí, sin seguridad, no habrá tecnología, y la sociedad europea digital no será posible.