Impuesto de sociedades europeo ¿podemos soñar con la integración fiscal?

Ahora que parece que se asientan los cimientos de la economía europea, dejar sin completar la integración económica supondría echar abajo todos los esfuerzos. Recientemente, Macron mencionó uno de esos grandes temas pendientes para la UE en materia económica: la fiscalidad. No se refirió a una unión fiscal propiamente dicha, pero sí apuntó la idea de un impuesto de sociedades comunitario.

La armonización del impuesto de sociedades no es algo nuevo, ya lo propuso la Comisión en 2011. La propuesta era ambiciosa: establecía una base impositiva europea de los beneficios generados en todos los estados miembros para las grandes empresas. En el documento se diseñó este mecanismo como algo voluntario. Idealmente, se acabaría con la transferencia de beneficios entre los países de la UE desde aquellos con tipos más elevados hacia otros con una fiscalidad más ventajosa. Este sistema, además, repartiría la base del impuesto entre los países de manera proporcional a los trabajadores, los activos y las ventas atribuidas a cada país. Así, por ejemplo, una empresa no podrá trasladar las ventas del resto de la Unión al país con menor tributación en el que habitualmente tiene la sede, sino que la base del impuesto será distribuido entre todos los países en los que esa empresa genera sus transacciones económicas, y por lo tanto la fuente de sus beneficios. De esta forma se acabaría con el “dumping fiscal” del que han sido acusados países como Irlanda o Luxemburgo en su afán por atraer a los gigantes digitales dentro de sus fronteras. Esta propuesta claramente tenía una muerte anunciada. Como no podría ser de otra manera, Reino Unido e Irlanda la vetaron antes siquiera de que nos pudiéramos hacer ilusiones.

Sin embargo, la Comisión no desistió y volvió a la carga en octubre del pasado año proponiendo de nuevo lo mismo pero yendo un paso más allá: la medida sería obligatoria para todas las grandes empresas. A esto hay que añadir que el tablero de las negociaciones ha cambiado: por suerte o por desgracia para los irlandeses, estos ya no contarán más con su vecino como aliado para tumbar la iniciativa.

Esta propuesta no persigue únicamente simplificar las obligaciones fiscales de las empresas o eliminar los problemas de doble imposición, es también en beneficio del resto de la sociedad. Imaginemos que una multinacional cualquiera no tenga otros incentivos para establecerse en el país que el de un mejor clima de negocios, la mejor dotación del capital humano, o una economía más dinámica, entre otros. En este mundo ideal, quizás España, Italia o Polonia serían capaces de atraer a esas empresas que, por el momento, no nos han visto siquiera como una opción. A los potenciales beneficios para el resto de países de la UE habría que añadir un nada desdeñable aumento de la recaudación. Llegaríamos, así, a un punto de competencia mejorada dentro de la UE en la que los impuestos no distorsionarían, o al menos no de forma tan descarada, las decisiones empresariales entre los países comunitarios.

Llevamos muchos años erigiendo un mercado único que todavía está en proceso en algunos ámbitos como las telecomunicaciones, el transporte o la energía; no por ello debemos obviar que otras distorsiones, como la impositiva, contribuyen también a la fragmentación y a muchas ineficiencias que hacen que el sueño de un mercado único quede todavía lejos.

Para no perder del todo la esperanza y aunque podría parecer que el proceso de integración europea es ligeramente más incierto después de los resultados de las elecciones alemanas. Francia y Alemania han mostrado ya en la Cumbre de la Unión Europea la lucha contra las aspiraciones de Irlanda y Luxemburgo para que los grandes de internet (Google, Apple, Amazon y Facebook) comiencen a pagar los impuestos que deben. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar para poder saber si esta voluntad de crear una Europa más integrada fiscalmente llegará a materializarse. Mientras tanto, seguiremos despertándonos con noticias sobre cómo las autoridades europeas y nacionales obligan a multinacionales a pagar los impuestos que cualquier otra empresa pagaría. Este enfoque lleva a una acción mucho más descoordinada y menos eficaz que pierde la oportunidad de explotar todo el potencial de la Unión Europea para generar riqueza para todos los ciudadanos.