Turquía se aleja de Europa y se embarca en una nueva aventura presidencialista (I)

A partir del 2019 la Constitución turca verá cambiada su estructura por 18 nuevas enmiendas que otorgarán más competencias al presidente turco. Esta reforma fue decidida mediante un referéndum en abril del año pasado y supuso un gran impacto internacional, sobre todo en la Unión Europea.

Erdogan en Davos en 2009. Foto: Andy Mettler (CC BY-NC-SA 2.0)
Erdogan en Davos en 2009. Foto: Andy Mettler (CC BY-NC-SA 2.0)

¿Por qué Europa quería que ganase el hayir (‘no’ en turco) en el referéndum?

La crisis interna que sufre actualmente el país llevó al presidente Recep Tayyip Erdogan a plantear un referéndum para convertir la República de Turquía en un régimen presidencialista. Este sería el séptimo referéndum que se realiza desde los años 60 y propone un cambio estructural que destruye las bases administrativas instauradas por Kemal Atatürk.

Turquía no pasa por su mejor momento. La guerra en su vecina Siria, la crisis migratoria, los terroristas del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Estado Islámico (EI), el movimiento independentista kurdo y el pasado golpe de Estado del 15 de julio de 2016 han llevado a Erdogan a tomar esta decisión reformista que rompe con la mayoría de preceptos democráticos europeos. Así lo manifestó el Consejo de Europa en una resolución en forma de opinión el 13 de marzo desde Estrasburgo.

Esta resolución fue un toque de atención europeo que no tuvo mucho impacto en el presidente turco. Es imprescindible recordar que el Consejo de Europa está formado por la mayoría de países que, geográficamente, forman parte del continente europeo. Turquía entró a formar parte del Consejo el 9 de agosto de 1949 aunque fue expulsado a principios de los 80 debido a un golpe de Estado militar que duraría tres años. Esto no impidió que volviera a reintegrarse en el Consejo en  1984 tras celebrar de nuevo unas elecciones libres.

El Consejo es una organización internacional a parte de la Unión Europea y se encarga de medir la “salud democrática” de un Estado en base a los criterios de Copenhague que, a su vez, ajustan los límites y objetivos que debe cumplir un Estado para formar parte de la Unión Europea. El documento de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo) a pesar de ser una opinión orientativa, abre la puerta a ciertas reflexiones que reflejan el alejamiento de Turquía de la Unión. Lejos quedó aquella época en la que se hablaba de una integración, el retroceso de la clase dirigente secular turca ha dado paso al empoderamiento de una clase media musulmana y conservadora que ya no tiene interés en el pan de adhesión europeo.

Realizar una modificación constitucional no es un asunto sencillo y es importante partir de tres objetivos basados en las normas de la ley, la democracia y los derechos humanos. Desde la Comisión de Venecia advirtieron a Erdogan de que “hay que garantizar la regularidad del procedimiento, tiene que existir una separación suficientemente sólida de los poderes, y debe haber una clara independencia del poder judicial”. Pero no ha resultado ser como la Comisión aconsejó.

La ausencia de debate acerca del referéndum y las trabas administrativas a los opositores de Erdogan

En los primeros meses de 2017, durante todo el proceso pre-electoral, no pasó inadvertida la represión funcional que se desataba contra los opositores al régimen. Con el fantasma del golpe de Estado en la nuca, el Gobierno anatolio vetó a todo tipo de personas que pudieran perjudicar a su objetivo constitucional. La Comisión de Venecia justifica estas críticas basándose acontecimientos como el arresto de los líderes de la oposición del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) (con 80 diputados en el Congreso) con quien el Gobierno tuvo una gran disputa de escaños durante las elecciones realizadas en junio y noviembre de 2015. Además, la votación del referéndum debería haber sido secreta según el artículo 175 de la Constitución y el artículo 94 de la Asamblea de Normas de Procedimiento, pero no fue así.

El “peor momento” para celebrar un referéndum

El planeamiento y la celebración del referéndum se realizó bajo un “estado de emergencia” en auge. Es cierto que no existe una norma internacional que prohíba un referéndum constitucional durante situaciones de emergencia, guerra, estado de sitio, etc. Pero sí que en 12 países europeos está prohibido tomar medidas estructurales debido a la posible falta de transparencia, y debate adecuados acorde con el sistema democrático.

Como explica la Comisión, para que exista democracia es necesario que se respeten los derechos humanos y, en particular, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión y asociación política. Los medios de comunicación tienen que ser neutrales, sobre todo en las coberturas informativas. Pero en ese momento, más del 90% de los medios estaban bajo el control gubernamental y más de 190 medios fueron cerrados desde el golpe de Estado de 2016.

Esta situación de represión informativa se extiende hasta día de hoy y la Comisión lo denuncia como un escenario intolerable: “El Estado turco ha modificado el Decreto de la Ley de Emergencia nº 687 del 9 de febrero de 2017 eliminando las competencias del Tribunal Supremo para sancionar a los medios de comunicación privados que resultan unilaterales durante las campañas electorales”.

Para el año que viene se celebrarán nuevas elecciones en Turquía y Erdogan ya se ha postulado como candidato ganador. Con los apoyos del Partido de Acción Nacionalista (MHP) recién confirmados parece que vaya a haber un resultado poco sorpresivo, sobre todo después de la aprobación de la reforma constitucional. Aunque, previsiones a parte, todavía queda un año para las elecciones y el panorama inestable del país anatolio puede afectar a las decisiones políticas en cualquier situación.

En la próxima entrada seguiremos analizando los cambios constitucionales que vivirá Turquía a partir del 2019.