Turquía y la Unión Europea ¿condenados a entenderse?

En la antigua Grecia, marzo era el mes en el que se reanudaban las grandes batallas para poner de manifiesto cuál era la polis que dominaría al resto. Lejos en el tiempo de aquellas batallas clásicas que inspiraron grandes poemas de la cultura europea, la llegada de marzo de 2016 supuso un acuerdo, esta vez como intento de cerrar un conflicto de intereses entre Turquía y la Unión Europea en materia de migraciones a raíz de la guerra en Siria. Los 28 líderes de la Unión acordaron con Turquía que todos los migrantes ilegales sirios, incluyendo los solicitantes de asilo, llegados por mar a la UE, serían internados en centros a la espera de ser devueltos a Turquía.

El trato era el siguiente: por cada sirio que es devuelto a Turquía, un sirio que ya se encuentre en el país otomano sería reasentado en la Unión Europea de manera legal, de forma que la ONU pudiera identificar a los refugiados más vulnerables. Para algunos dos años después, el efecto de este proyecto no está siendo el buscado: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala que la disminución de solicitudes sirias en 2016 –cerca de la mitad de las recibidas en 2015– es consecuencia de «las graves dificultades para acceder a la frontera y a la falta de vías legales y seguras».

Las cifras que se barajaban a finales de 2017 ya indicaban que tres millones de sirios se encontraban registrados en Turquía, y un millón entre Egipto, Irak y Jordania. Además, en Líbano se contabilizaban más de un millón de sirios. A todo ello había que unir que cientos de miles de refugiados habían viajado a Europa, que en 2016 registró casi 340.000 solicitudes de asilo sirias.

Con todo, la Unión Europea confiaba en Turquía como un país seguro para los refugiados mientras que, en medio del caos migratorio, Recep Tayyip Erdogan planeaba una reestructuración constitucional para transformar el sistema político en un régimen presidencialista que ofrecería más capacidad de acción al presidente del Gobierno.

Tras el golpe de Estado de 2016, Turquía experimentó una deriva que trajo consigo una criba interna contra cualquiera que emitiera mensajes contrarios a Erdogan y fuera sospechoso de colaboracionista. Las miles de expulsiones y detenciones que se han sucedido durante estos dos años no han provocado una condena enérgica de la comunidad internacional. Hace poco más de un año, además, el Parlamento aprobaba el cambio al sistema presidencial, mientras que los despidos en el sector público se generalizaban.

En cuanto a la política exterior de Erdogan, presenta un abanico de escenarios y actuaciones muy variados. Desde las visitas diplomáticas a países de la Unión Europea, como Grecia y Francia hace poco, hasta la ofensiva en territorio sirio de su operación ‘Rama de Olivo’, donde intervino para desactivar los grupos terroristas y las Unidades de Protección Popular (YPG), el brazo armado del Partido kurdosirio de la Unión Democrática (PYD).

Centrándonos en la Unión Europea todavía resuenan ecos débiles de la posible adhesión de Turquía en la Unión Europea. Pero estos rumores han quedado acallados tras las declaraciones del nuevo presidente galo, Emmanuel Macron, quien recomendó a Erdogan que se replantease su ansiada integración en la Unión Europea, quizás más «como una asociación, que como una adhesión». Además de recriminarle la situación de las libertades en Turquía y entregarle una lista de periodistas y activistas encarcelados por el Gobierno de Ankara.

Con este panorama ¿qué futuro le espera a Turquía y a la Unión Europea? Las relaciones bilaterales tendrán que seguir en marcha para seguir frenando el flujo migratorio, mientras Turquía recibe la segunda tanda de los 6.000 millones de euros que acompañaban al trato y que, por cierto, finaliza este año.

¿Se acordará un nuevo precio para frenar la migración ilegal? ¿Dejará la Unión Europea de hacer tratos con Turquía en vista de sus aires autoritarios? Lo que es cierto es que el acuerdo migratorio podría ver peligrar su integridad en un futuro si el entendimiento entre Turquía y la Unión Europea no llega a buen puerto. A dos años de la vigencia del acuerdo, la UE se halla ante un dilema, ya que extender este acuerdo en el tiempo supondría poner de evidencia su incapacidad de gestión o, en el peor de los casos, escenificar una debilidad estructural reflejada en la escasez de medios para asistir a los refugiados.