La eurozona que quiere Bruselas

Tras casi una década del inicio de la Gran Recesión, con las propuestas presentadas esta semana la Comisión Europea da un paso más en el largo y complejo proceso de reformas del euro. Su objetivo: corregir los errores de la arquitectura económica y monetaria europea y dotar a la zona euro de instrumentos que permitan afrontar y prevenir futuras crisis económicas.

Éste no es el primer paso, y tampoco el definitivo, pero es una constatación de que desde Bruselas se quiere aprovechar al máximo la venta de oportunidad y el recobrado optimismo por el proyecto común. Lo que se ha presentado parece ser un punto intermedio entre la ambición de París y las reservas de Berlín, y en definitiva la continuación de un proceso de reformas que viene remodelando la estructura de la Unión Económica y Monetaria desde hace ya varios años.

Fondo Monetario Europeo

Los cimientos del Fondo Monetario Europeo (FME) surgen con la crisis de deuda soberana que azotó la Unión Europea a partir de 2007. Se crearon en 2010 ‘fondos estabilizadores temporales’ (FEEF y MEEF) para rescatar países en quiebra. Los datos confirmaban que la crisis de deuda sería a largo plazo y esos fondos temporales se convirtieron en permanentes. Nació así el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a mediados de 2011 con unos recursos de 700.000 millones de euros y bajo la supervisión de los Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.

Comisión y Parlamento presionaron para que el MEDE adquiriese mayor presencia y mejorase tanto la transparencia como la eficiencia en el uso de fondos. Así pues, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, avanzó el pasado miércoles seis de diciembre cómo quedará el nuevo FME a mediados de 2019:

  • El FME será el sustituto del MEDE. Mantendrá casi intactas las estructuras organizativas.
  • Se continuará proporcionando apoyo de estabilidad financiera a los Estados miembros que lo necesiten. Músculo financiero frente a futuras crisis: 500.000 millones de euros.
  • Dejará de ser parte de una Institución intergubernamental para ser parte de una Institución Europea. Rendirá cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo (Jefes de Estado y de Gobierno de la UE).
  • Los informes que salgan del FME serán reportados a los Parlamentos nacionales que formen parte del Fondo para su valoración. Los Parlamentos nacionales podrán requerir información complementario o la comparecencia del Director Gerente del Fondo (Ministro de Finanzas de la UE).
  • Prestamista de última instancia en el caso de una nueva crisis bancaria.

Reformas estructurales y estabilidad

Con esta propuesta la Comisión pretende continuar profundizando en la armonización política y coordinando las reformas estructurales en los sectores de mayor interés, como el mercado de trabajo, el sistema impositivo, los mercados de capitales o la administración pública. El poder de ejecución de estas reformas aún recae completamente en los Estados miembros y, aunque los intentos de coordinar este tipo de cambios estructurales no son nuevos, la UE necesita mecanismos más efectivos para conseguir una mayor integración. Con este propósito la Comisión plantea dos líneas de actuación.

En primer lugar, movilizando recursos procedentes de las reservas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para que los países miembros puedan implementar reformas estructurales identificadas en el proceso del Semestre Europeo.

Por otro lado, un mayor apoyo en forma de asistencia técnica aumentando el presupuesto del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, que actualmente cuenta con muchos menos recursos (30 millones de euros en 2018) de los necesarios para atender las demandas de los Estados miembros (152 millones de euros).

En términos de estabilidad económica, la Comisión ha propuesto unir las diferentes fuentes de financiación de los Estados desde la UE para mantener los niveles de inversión en épocas de crisis:

  • El presupuesto de la UE y el FME podrían proporcionar préstamos garantizados por el presupuesto de la UE.
  • El presupuesto de la UE y subvenciones limitadas.
  • Un mecanismo de seguro basado en las contribuciones voluntarias de los Estados.

Esta estrategia, además, es consistente con la importancia que se le atribuye a la inversión como impulsor del crecimiento pero también de una mayor resistencia frente a crisis económicas.

Ministro Europeo de Economía y Finanzas

Otra de las grandes propuestas es la del nuevo Ministro Europeo de Economía y Finanzas, que daría coherencia y efectividad a las políticas económicas de la UE, contribuiría a la transparencia y rendiría cuentas ante el Parlamento. Entre las funciones del nuevo Ministro estarían:

  • Vice Presidente de la Comisión Europea: la cabeza visible de la UE y la zona euro en cuanto a asuntos económicos y fiscales se refiere.
  • Presidente del Eurogrupo: hasta ahora era elegido de entre los ministros de finanzas de los Estados miembro.
  • Presidencia de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Europeo (FME). Función neutral teniendo en cuenta los intereses de los accionistas del FME de forma equilibrada.

Este nuevo cargo tendría las siguientes responsabilidades:

  • Representante de la Unión y de la zona euro.
  • Coordinación y supervisión de normas fiscales, económicas y financieras.
  • Coordinar la política fiscal con la política monetaria del BCE.
  • Supervisión de los presupuestos de la UE/zona euro incluyendo apoyo para reformas estructurales y estabilización macroeconómica (caso de países de la zona euro) y convergencia (fuera de la zona euro).

Hoja de Ruta

Estas medidas presentadas por la Comisión han sido anunciadas junto a una hoja de ruta. Según esta agenda, se establece un plazo de 18 meses durante el cual, si los planes de la Comisión consiguen superar las reticencias de Alemania y de otros países de su órbita, las reformas se deberían ir materializando.

De acuerdo a lo previsto, para mediados de 2019 la UE debería haber aprobado el nuevo FME y acordado el nuevo cargo de superministro europeo. Siguiendo esta hoja de ruta, idealmente a partir de esa fecha, y a más tardar en 2025, se podría crear el Tesoro de la zona euro, iniciar la emisión de un Activo Seguro Europeo y simplificar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Entre las críticas, la falta de dinero y cifras que respalden las propuestas, el dejar para otro momento el tan cacareado seguro de desempleo europeo, la carencia de medidas que profundicen más decididamente en el control democrático de la gobernanza o una apuesta más contundente por establecer medidas anticíclicas. Para muchos una oportunidad perdida, para otros tan solo un paso más en el único camino posible (y quizá deseable): el que conecta París y Berlín, pasando por Bruselas.

Impuesto de sociedades europeo ¿podemos soñar con la integración fiscal?

Ahora que parece que se asientan los cimientos de la economía europea, dejar sin completar la integración económica supondría echar abajo todos los esfuerzos. Recientemente, Macron mencionó uno de esos grandes temas pendientes para la UE en materia económica: la fiscalidad. No se refirió a una unión fiscal propiamente dicha, pero sí apuntó la idea de un impuesto de sociedades comunitario.

La armonización del impuesto de sociedades no es algo nuevo, ya lo propuso la Comisión en 2011. La propuesta era ambiciosa: establecía una base impositiva europea de los beneficios generados en todos los estados miembros para las grandes empresas. En el documento se diseñó este mecanismo como algo voluntario. Idealmente, se acabaría con la transferencia de beneficios entre los países de la UE desde aquellos con tipos más elevados hacia otros con una fiscalidad más ventajosa. Este sistema, además, repartiría la base del impuesto entre los países de manera proporcional a los trabajadores, los activos y las ventas atribuidas a cada país. Así, por ejemplo, una empresa no podrá trasladar las ventas del resto de la Unión al país con menor tributación en el que habitualmente tiene la sede, sino que la base del impuesto será distribuido entre todos los países en los que esa empresa genera sus transacciones económicas, y por lo tanto la fuente de sus beneficios. De esta forma se acabaría con el “dumping fiscal” del que han sido acusados países como Irlanda o Luxemburgo en su afán por atraer a los gigantes digitales dentro de sus fronteras. Esta propuesta claramente tenía una muerte anunciada. Como no podría ser de otra manera, Reino Unido e Irlanda la vetaron antes siquiera de que nos pudiéramos hacer ilusiones.

Sin embargo, la Comisión no desistió y volvió a la carga en octubre del pasado año proponiendo de nuevo lo mismo pero yendo un paso más allá: la medida sería obligatoria para todas las grandes empresas. A esto hay que añadir que el tablero de las negociaciones ha cambiado: por suerte o por desgracia para los irlandeses, estos ya no contarán más con su vecino como aliado para tumbar la iniciativa.

Esta propuesta no persigue únicamente simplificar las obligaciones fiscales de las empresas o eliminar los problemas de doble imposición, es también en beneficio del resto de la sociedad. Imaginemos que una multinacional cualquiera no tenga otros incentivos para establecerse en el país que el de un mejor clima de negocios, la mejor dotación del capital humano, o una economía más dinámica, entre otros. En este mundo ideal, quizás España, Italia o Polonia serían capaces de atraer a esas empresas que, por el momento, no nos han visto siquiera como una opción. A los potenciales beneficios para el resto de países de la UE habría que añadir un nada desdeñable aumento de la recaudación. Llegaríamos, así, a un punto de competencia mejorada dentro de la UE en la que los impuestos no distorsionarían, o al menos no de forma tan descarada, las decisiones empresariales entre los países comunitarios.

Llevamos muchos años erigiendo un mercado único que todavía está en proceso en algunos ámbitos como las telecomunicaciones, el transporte o la energía; no por ello debemos obviar que otras distorsiones, como la impositiva, contribuyen también a la fragmentación y a muchas ineficiencias que hacen que el sueño de un mercado único quede todavía lejos.

Para no perder del todo la esperanza y aunque podría parecer que el proceso de integración europea es ligeramente más incierto después de los resultados de las elecciones alemanas. Francia y Alemania han mostrado ya en la Cumbre de la Unión Europea la lucha contra las aspiraciones de Irlanda y Luxemburgo para que los grandes de internet (Google, Apple, Amazon y Facebook) comiencen a pagar los impuestos que deben. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar para poder saber si esta voluntad de crear una Europa más integrada fiscalmente llegará a materializarse. Mientras tanto, seguiremos despertándonos con noticias sobre cómo las autoridades europeas y nacionales obligan a multinacionales a pagar los impuestos que cualquier otra empresa pagaría. Este enfoque lleva a una acción mucho más descoordinada y menos eficaz que pierde la oportunidad de explotar todo el potencial de la Unión Europea para generar riqueza para todos los ciudadanos.

Brexit… ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El pasado lunes debatimos con Manuel Otero y Daniel Lacalle sobre cómo estamos afrontando uno de los acontecimientos que nos han dejado más en shock en el ámbito europeo en los últimos años. Si tuviéramos que calificar de alguna manera la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, sin duda podríamos decir que ha sido una relación de amor y odio en la que ha prevalecido uno u otro dependiendo de los intereses británicos.

Es difícil establecer un punto de partida en esta relación ‘sui generis’, incluso podríamos remontarnos al proceso de adhesión del Reino Unido a la Unión. 2004 podría ser un momento idóneo para comenzar esta crónica: la gran ampliación. El por entonces primer ministro británico Tony Blair fue uno de los grandes defensores de la incorporación de 10 países a la UE pero el miedo a una posible inmigración masiva ya estaba sobre la mesa. Tal era el temor, que los estados miembros impusieron restricciones temporales a la inmigración procedente de los nuevos estados. Y, aunque los efectos de esta gran ampliación se notaron más en países como Francia, la inmigración nunca dejó de ser un tema delicado en Reino Unido. En los siguientes años, el incremento del número de inmigrantes legales de los nuevos países de la UE va a acalorar aún más el debate. Poco a poco, en el debate público británico se diluye la opinión de que los inmigrantes favorecerán el crecimiento económico y se afianza la idea de que el Reino Unido es incapaz de controlar sus fronteras.

El siguiente punto de inflexión es el año 2006, momento en que Nigel Farage emerge como líder de UKIP. Este partido, que aboga por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, ya tenía representación en el Parlamento Europeo en 1999, pero no sería hasta 2014 cuando alcanzaría una representación significativa a nivel nacional, con el 29% de los votos.

En 2006 también se convierte en líder de la oposición David Cameron que llegaría a primer ministro en las elecciones de 2010. David Cameron nunca se mostró a favor de una mayor implicación de Reino Unido en la UE, de hecho, en 2009 ya había prometido que no se volverían a traspasar poderes a Bruselas sin el consentimiento del pueblo británico. De esta manera, el nuevo Gobierno liderado por los conservadores se aleja paulatinamente de la UE y se retira de las cumbres europeas utilizando el argumento de que una mayor integración de la UE solo atañe a los países de la eurozona.

De la diplomacía fría al enfrentamiento latente

Es entonces cuando llegan los días difíciles y el choque se hace explícito en una cumbre para abordar la crisis del euro: Cameron decide bloquear el acuerdo intergubernamental sellado por los líderes de la eurozona sobre la regulación fiscal.

Pero la hostilidad no acaba ahí: el ‘premier’ británico establece unas nuevas bases para las relaciones entre la UE y el Reino Unido cuando promete la convocatoria de un referéndum en caso de ganar las elecciones. El 8 de mayo, los conservadores consiguen formar Gobierno y la maquinaria del referéndum se pone en marcha.

En 2016, con la sombra del euroescepticismo extendiéndose por toda Europa los líderes de la UE llegan a un acuerdo sobre “los términos revisados de la adhesión del Reino Unido” que en realidad concede al gobierno británico gran parte de las exigencias presentadas por el primer ministro. Pero, sobre todo, otorga a Londres un “mecanismo de alerta” para limitar los derechos de los trabajadores inmigrantes.

Llegado el día del referéndum, muy pocos en Londres y en la UE esperaban el resultado con el que amanecimos al día siguiente. Es cierto que las últimas encuestas arrojaban incertidumbre sobre el resultado. Pero, a pesar de ello, nadie en Reino Unido ni en el continente tenía un plan B. Esta falta de planificación, la dimisión de David Cameron, el anuncio de la primera ministra de Escocia de que si Reino Unido se salía de la UE repetiría el referéndum de independencia para poder seguir perteneciendo a la Unión, anunciaban un terremoto político.

La reacción de la UE con los resultados en la mano fue contundente, se debía activar el artículo 50 del TUE lo antes posible y la salida se traduciría en que Reino Unido pasa a ser un tercer país sin ningún privilegio, ni comercial ni de ningún tipo. Sin embargo, la reacción del gobierno británico no fue tan tajante. Los negociadores británicos pretenden un acuerdo con la UE que incluya lo que la mayoría de su población desea: reducir la entrada de inmigrantes comunitarios pero seguir disfrutando del mercado único, pese a las escasas posibilidades de que Bruselas acepte un acuerdo tan favorable para el Reino Unido, ya que actuaría de acicate para otros países en los que la sombra del euroescepticismo ya está presente.

Qué viene ahora

En los últimos días se ha producido la última, aunque pequeña, alegría para los contrarios al Brexit: el Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno de Theresa May deberá escuchar al Parlamento en este asunto. Con todo, las opciones de May son ganadoras, con un clima de opinión favorable y un capital político de ímpetu fruto de su reciente nombramiento. Además, en caso de que el Parlamento se opusiera a activar el artículo 50 del TUE, Theresa May podría salir fortalecida y decantar la balanza hacia una salida “dura” de la UE; la primera ministra estaría en disposición de buscar una salida electoral en la que, a día de hoy, no hay rivales que le hagan frente.

Por ahora, no parece haber consenso en cuanto a los efectos económicos del Brexit, posibles efectos positivos, ni en la magnitud ni los potenciales afectados. En lo que sí parece que la mayoría coincide es en que se traducirá en menos crecimiento tanto en las islas como en el continente.

Sin duda, este será uno de los retos más importantes a los que se enfrente la Unión Europea en un año que, esperemos, no dé más sorpresas.