Claves de las elecciones alemanas

Tras la jornada electoral del domingo 24 de septiembre en Alemania, compartimos a continuación estas cápsulas de análisis sobre los resultados electorales y sus implicaciones para Europa:

  • Finalmente, las urnas le han dado a Merkel un resultado peor del que pronosticaba cualquier encuesta. Con todo, el receso es muy controlado si tenemos en cuenta el propio coste y desgaste políticos: estamos hablando de una campaña para aspirar nada menos que a un cuarto mandato y con un tema en la agenda política, los refugiados, que han polarizado las posiciones respecto a su partido.
  • Las elecciones alemanas vienen a confirmar lo que ya se apuntaba en otros sitios de Europa: lo migratorio es uno de los ejes políticos inevitables en la política europea. Da igual que los refugiados y los inmigrantes económicos no sean lo mismo; da igual que los refugiados musulmanes estén huyendo del horror y la persecución. Da igual y ya no hay vuelta atrás. Las sociedades europeas consideran la inmigración y la integración como un problema que, situado en el top de las prioridades, alimenta a partidos xenófobos y autoritarios en todos los rincones del continente.
  • Con el 13% de los votos (y alrededor de 87 escaños), Alternativa por Alemania, AfD por sus siglas en alemán, se coloca como tercera fuerza. Sube con fuerza desde los resultados que obtuvo en 2013 (4,7%) y se coloca como segunda fuerza en ‘Alemania del Este’. Se definen como derechistas, nacionalistas y euroescépticos, marcan distancias con el partido nazi NPD, pero bebe de él.
  • AfD hizo bandera del rechazo a los refugiados, a la inmigración y al islam. Merkel ha pagado el desgaste de ser la líder europea que más claramente se posicionó a favor de la acogida, con una campaña feroz por parte de amplios sectores sociales que ha tenido acomodo no solo en AfD, sino también en el FDP.
  • La mayoría de votantes del AfD califican su propia situación económica mala o muy mala además de injusta y provienen, principalmente, de la abstención y del descontento con la CDU y, en menor medida, con los socialdemócratas del SPD y la izquierda de Linke.
  • Por su parte, el Partido Socialdemócrata (SPD por sus siglas en alemán) pierde cinco puntos respecto a las elecciones de 2013, lo que sitúa al partido de Schulz en su peor resultado desde la postguerra, con un 20,7% de los sufragios. Ello es una muestra no sólo del declive del partido, sino también de la reconfiguración del panorama político en un país en el que, como recuerda The Economist, socialdemócratas y cristianodemócratas representaban en total un 80% de los votos. Hoy, el bipartidismo supone apenas un 53%.
  • Recurriendo a una explicación que los politólogos suelen defender habitualmente, es cierto que el fracaso del SPD pudo deberse, en buena medida, al efecto perjudicial de la gran coalición: los votantes tienen problemas para identificar quién adopta qué medidas. En el caso alemán, el SPD logró imponer a Merkel medidas como el salario mínimo, algunas políticas en materia de vivienda o la aprobación del matrimonio igualitario, pero el rédito lo obtuvo el partido de la canciller, pese a que había optado por el perfil bajo.
  • La lectura de la factura que ha pasado la gran coalición a los socialdemócratas les viene bien hoy para justificar su estrategia postelectoral, pero no olvidemos que a principios de año Schulz remontó en las encuestas (superando incluso a la CDU en febrero), y quizá esta caída tenga también que ver con las carencias de su discurso y el déficit a la hora de presentarse como alternativa real a la formación encabezada por Angela Merkel.
  • El Partido Liberal (el FDP, por sus siglas en alemán), por su parte, vuelve al Bundestag tras haber quedado fuera en las elecciones de 2013, cuando no alcanzó el umbral electoral del 5% requerido para entrar en el Parlamento. ) Tradicionalmente europeísta y liberal, bajo su nuevo candidato, Christian Lindner, el FDP ha hablado de economía digital y de reformas, pero también reforzado su faceta liberal en materia económica (defensores de bajos impuestos y menos regulaciones), mientras se ha mostrado muy “prusiano” en el ámbito presupuestario y en el cumplimiento de las reglas de gasto a nivel europeo.
  • Como ya se anunció durante la campaña, los liberales van a pedir el ministerio de Finanzas para formar parte de esta coalición, fundamental durante las últimos años para entender el papel de Alemania con respecto a la crisis de deuda en Europa. En este sentido, el FPD de Christian Lindner apuesta por una mayor dureza con los países deudores, se muestran reticentes a las propuestas de avanzar hacia una mayor integración de los países de la zona euro y defienden poner fin a algunos de instrumentos de solidaridad como el Fondo de Rescate de la UE (MEDE). Una situación que pondría todavía más trabas al ya complejo equilibrio de intereses entre Francia y Alemania. Un acuerdo del que depende que Europa avance finalmente, o no, en las esperadas reformas.
  • La opción más lógica ahora mismo es la conocida como “Jamaica”, los democristianos de Merkel junto a los liberales del FDP y los Verdes. Esta posibilidad no se antoja sencilla, pues tanto liberales como verdes aprovecharán esta oportunidad para intentar sacar el máximo rédito político a la situación, precisamente frente a un CDU/CSU que consolida su posición de liderazgo.
  • En definitiva, nos quedamos preocupados por el ascenso de la formación AfD. Peligra la concepción europeísta de sociedades abiertas en las que muchos creemos y no parece fácil revertirlo. Las sociedades cerradas son más autoritarias, menos prósperas y menos inclusivas, pero el ascenso de los partidos extremistas no es causa sino síntoma. Si Merkel pretende recuperar el votante que se ha ido a AfD veremos qué propuestas adopta, pero no parece que ninguna vaya a ser en beneficio de la UE.
  • Con todo, no debemos subestimar su capacidad para soportar la presión, máxime cuando su gestión como canciller ha estado caracterizada por su flexibilidad ideológica y su capacidad de adaptación, y tratándose además del mandato en el que se preocupará por construir un buen legado como canciller alemana y como líder europea. Ánimo, Merkel. Eres una de nuestras últimas esperanzas.

Polonia: un pulso por la independencia judicial

La semana pasada, miles de ciudadanos se manifestaban frente al Tribunal Supremo de Polonia, justo donde unos días antes Donald Trump era recibido, con los brazos abiertos, por el Ejecutivo del país. Los airados manifestantes (que repitieron el viernes en las principales ciudades del país) criticaban las recientes reformas en materia de justicia planteadas por el partido en el Gobierno, “Ley y Justicia” (PiS, en sus siglas en polaco) que finalmente fueron aprobadas por el Senado el pasado sábado.

Es, justamente, este Ejecutivo, el que ha dado numerosas ocasiones a la ciudadanía para salir a la calle, desde su victoria en octubre de 2015. Siguiendo la tendencia de “democracia iliberal” a la que ya se han sumado otros ejecutivos como el húngaro, el Gobierno del PiS ha apadrinado polémicas reformas como el incremento del control de los medios públicos (que calificaron a la manifestación del otro día como “golpe”), las modificaciones en un sistema educativo “que defienda los valores tradicionales”, el intento de restringir (aún más) el aborto, o la creación de Grupos de Defensa Territorial para “defender los valores cristianos y patrióticos”, han sido contestadas por una sociedad civil que se ha mostrado muy crítica y activa.

Pero, además de la oposición polaca, ¿qué puede hacer la UE frente a esto? Las instituciones se han armado de varios instrumentos de “garantía del Estado de Derecho” que es, en definitiva, uno de los principios sobre los que se asienta la Unión.

El primero es el “instrumento de alerta rápida”, creado en 2014, y que busca, a través de un diálogo con el Estado Miembro en cuestión, encontrar soluciones antes de recurrir al procedimiento siguiente.

El segundo es el “procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE”. Un artículo que incluye, en realidad, dos procedimientos: 1) el que permite “constatar un riesgo de violación del Estado de Derecho”, y 2) el mecanismo más duro, por el que se puede reconocer una efectiva “violación del Estado de Derecho”. De llegar a este punto, lo que requeriría la unanimidad de los Estados Miembros, se podrían suspender algunos derechos otorgados por el Tratado, como el derecho de voto en el Consejo de la UE.

Las propias instituciones europeas decidieron, ya en enero de 2016, recurrir al “instrumento de alerta rápida” por primera vez, justo contra Polonia (nos lo contaba Salva Llaudes). Dicho mecanismo contempla varias fases, entre las que destaca el establecimiento de determinadas recomendaciones a seguir que, no obstante, fueron ignoradas por el Ejecutivo ultranacionalista.

La situación actual, quizás por su especial gravedad, parece haber agotado la paciencia de las Instituciones Europeas y muy especialmente del vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.

Esta semana, el grupo del PiS en el parlamento polaco planteaba una vuelta de tuerca más a una controvertida reforma del poder judicial que ya levantó duras críticas de la oposición parlamentaria, diversas ONGs y buena parte la sociedad civil (un 76% está en contra, según algunas encuestas), como prueban los manifestantes de los que hablábamos al inicio del post. Dicha reforma constaba de varios objetivos: reforzar el papel del Parlamento en la elección de los miembros del Consejo Nacional Judicial -el órgano de gobierno de los jueces polaco-, con lo que elegiría a la mayoría de éstos, y la posibilidad de que el Ministro de Justicia nombre a los jueces de las instancias inferiores. Pero la última medida ha sido la más polémica: a través de ella el Ejecutivo adquiriría un enorme poder sobre la selección de los magistrados del Tribunal Supremo. Así, ello supondría el fin del mandato de los actuales jueces de la máxima instancia judicial, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por otros, nombrados por el propio Ministro de Justicia. Muchas voces ya han denunciado la manifiesta ilegalidad de esta reforma. Por otro lado, se “recordó” a los jueces que deben tener en cuenta los “valores cristianos” (¿querrán decir “los del partido gobernante”?) a la hora de tomar sus decisiones. Finalmente, el Senado (donde el PiS ocupa el 62% de los escaños) ha dado luz verde a la reforma el pasado viernes 21. Ahora la última palabra la tiene el Jefe del Estado, Andrzej Duda, en cuyas manos está el poder vetar la ley.

Como señala Andrzej Mendel-Nykorowycz desde ECFR, estos cambios darían vía libre al PiS para colocar en el Tribunal Supremo a sus partidarios, y, en definitiva, poder “mantener el control sobre los nombramientos judiciales por lo menos durante los próximos cuatro años”.

Dichas modificaciones en el Tribunal Supremo han sido especialmente criticadas y es que, como recuerda quien fuera letrado del TJUE, Daniel Sarmiento, “atacar al Tribunal Supremo es atacar la propia esencia del poder judicial”.

En esta ocasión, y como apunta Carlos Closa, la respuesta de la Unión ha sido más contundente que la tomada respecto a casos similares como el húngaro, cuyo Gobierno también ha puesto en jaque a la UE con reformas de corte similar (aunque las diferencias entre el caso polaco y el húngaro son numerosas, y  hablar del caso húngaro daría para otro post…) El catedrático señala que, en la situación en Polonia, el partido del Ejecutivo no disfruta de tanta fuerza parlamentaria como en el vecino magiar; su posición en el Parlamento Europeo es más débil (pues pertenece al Grupo de los Conservadores y Reformistas, menos numeroso, y no al hegemónico Partido Popular, como es el caso del Fidesz húngaro). Sin embargo, Closa es escéptico con el mecanismo de sanción del artículo 7: llegado el caso, al requerir la unanimidad del Consejo Europeo (representado por sus Estados Miembros) es posible que Hungría bloquee la aplicación de tales medidas, dejando en evidencia su falta de operatividad. La UE es aquí, una vez más, presa de sus propias lógicas, cuando éstas recaen en exceso en el peso de los Estados.

No obstante, y como recordaba The Economist, Polonia cuenta con un importante activo: una sociedad civil fuerte y cada vez más crítica con el gobierno ultranacionalista, que ya logró detener algunas medidas muy regresivas. Un aspecto interesante y esperanzador de estas protestas es que han conseguido aglutinar a gente de toda condición al margen de ideologías, y muy especialmente a los jóvenes. Posiblemente sea esta capacidad de presión (a lo que debemos sumar que incluso desde la Administración Trump también se han criticado dichas medidas) la que logre hacer rectificar a un gobierno que justifica las reformas para “liberar a unos tribunales subordinados a fuerzas extranjeras” y así “proteger al pueblo de las élites”. ¿Nos suena todo esto?

 

Actualización: durante la mañana del lunes 24, el presidente Andrzej Duda anunció su intención de vetar algunos aspectos de la reforma.

 

Un agradecimiento en especial a Elisa Uría y a Wojciech Golecki por sus sugerencias a este artículo.