El futuro de los acuerdos de libre comercio: ¿qué papel quiere jugar la Unión Europea?

El sistema multilateral de comercio está cambiando drásticamente tras los desajustes producidos en la geopolítica global en los últimos años. Tal revulsión se visualiza en la fatiga de la globalización a ojos de políticos y ciudadanos en vista de que el incremento de flujos comerciales no ha traído consigo, y de forma proporcional, mayor prosperidad, estabilidad e igualdad. Por su parte, la Unión Europea ha otorgado al libre comercio gran prioridad en su apuesta por desarrollar nuevos acuerdos comerciales con otros países o bloques. Con ello, Bruselas confía en que la integración comercial global continúe y las cadenas de suministro estén cada vez más interconectadas.

En este contexto, la creciente desigualdad socioeconómica que presentan las comunidades europeas, unida a las tensiones sociales y políticas y los retos medioambientales del continente, ha puesto en cuestión más que nunca que el libre comercio, y la globalización, sean la panacea del bienestar. Son muchas las voces que claman que los beneficios de la globalización están mal repartidos. Los últimos acontecimientos políticos a escala mundial, y sus distintas expresiones como el auge del populismo, el proteccionismo y las retóricas nacionalistas, han sacudido fuertemente las relaciones comerciales.

Este fenómeno lo hemos vivido recientemente en primera persona, a nivel europeo, con el amplio frente social de rechazo al TTIP, el tratado de libre comercio de la UE con Estados Unidos. La incapacidad política ha sido la otra causa. La fuerte movilización contestataria ha podido abrir un nuevo capítulo en las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo. La Comisión Europea haría bien en tomar nota de estas posiciones, cada vez de mayor calado popular, a la hora de marcarse una agenda comercial tan ambiciosa como la actual. Aún así, a nivel europeo y global la tendencia a levantar restricciones en las importaciones y exportaciones entre países continúa en ascenso.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá, el CETA, en pleno proceso de ratificación en los países miembros de la Unión, es el ejemplo más reciente y apunta el camino a seguir de su política comercial. Se trata del primer gran acuerdo comercial firmado por la UE desde que el acuerdo con Corea del Sur que se aplica desde julio de 2011. En la agenda quedan acuerdos como los que se proyectan con Australia y Nueva Zelanda, Mexico. El tratado de libre comercio más ambicioso que en la actualidad (aunque los contactos se llevan dando hace años) negocia la UE con Mercosur, el bloque de países formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Venezuela está suspendida) y que algunos confían en que se pueda firmar antes de finales de año.

A continuación desgranamos algunos rasgos del comercio global hoy:

  • Auge del nacionalismo económico: el miedo a la globalización, la creciente desigualdad que ha dejado la crisis y, en paralelo, el populismo, han propulsado mensajes como “Buy American” o “British jobs for British workers”, con un sorprendente calado entre la población general. Además, la pertenencia a organizaciones internacionales ha dejado de verse como una oportunidad ante los crecientes recelos por la pérdida de soberanía. El nacionalismo económico también está vigente en China, con su estrategia “Made in China 2025”, a través de la cual pretenden aumentar masivamente la actividad de sus sectores productivos incrementando la producción de bienes y servicios.
  • Pérdida de peso del bloque comercial occidental: la economía global ha crecido a un ritmo más rápido que la europea y la estadounidense durante los últimos años. El comercio es más multilateral y tiende a concentrarse en Asia. La importancia de acuerdos comerciales en la zona continúan creciendo tras el anuncio de que once países de la cuenca del Pacífico decidieran proceder con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP en sus siglas en inglés) que quedó en el limbo después que Estados Unidos se retirara del tratado. El otro gran acuerdo comercial que se negocia en dicha región es el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). En él se agrupan los países de ASEAN y otros de la región con los que ya hayan suscritos acuerdos de libre comercio: Australia, Brunei, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda Singapur, Tailandia, Vietnam.
  • El multilateralismo abre paso a liderazgos fragmentados: nos dirigimos hacia la convivencia diferentes estándares de representación política mundial. El bloque monolítico, homogéneo y dominante que primó durante años está siendo puesta en duda por el proteccionismo y el deseo de acuerdos bilaterales. La retirada de EEUU del TPP y la salida del Reino Unido del mayor mercado único del mundo han sido dos fenómenos que han puesto en boga esta tendencia.
  • La diplomacia económica: nuevamente nos fijamos en China, ya que su puesta de largo como actor global tiene mucho que ver con esto. Especialmente relevante es la habilidad de su clase dirigente para asegurar el crecimiento del país y mantener cierto contrato social.

La nueva Italia autonómica

Si bien es cierto que todas las regiones europeas con aspiraciones independentistas están mirando lo que está sucediendo en Cataluña estos días, para copiar o no su estrategia, es interesante observar el movimiento que se ha producido tanto en Véneto como en Lombardía. Ambas regiones han cambiado sus aspiraciones secesionistas por las de mayor autonomía, siendo la segunda más apoyada por partidos políticos y ciudadanía que la primera.

Los líderes de Liga Norte de ambas regiones promovieron el pasado mayo un referéndum -no vinculante- para iniciar con Roma el cambio de estatuto de sus regiones hacia regiones con mayor autonomía. Eso es lo que sucedió el pasado 23 de octubre.

Para entender estos movimientos en su contexto, podemos decir brevemente que las veinte regiones italianas tienen dos niveles de autonomía: regiones con estatuto ordinario (15) y regiones con estatuto especial (2 de ellas concebidas para rebajar las tensiones secesionistas existentes, Sicilia y Cerdeña, y las 3 restantes por cuestiones étnicas e idiomáticas: Valle de Aosta, Trentino-Tirol del Sur y Friuli-Venecia Julia). Para hacernos una idea de la diferencia entre ambos niveles autonómicos: la región de Trentino-Alto Adigio (con un millón de habitantes) con estatuto especial tiene el mismo presupuesto que la región de Veneto (con 5 millones de habitantes), con estatuto ordinario. Esta es la cuestión fundamental.

Las posiciones ante los referéndums no son ideológicas, son geográficas. De un lado, tenemos al Gobierno central: Roma mantiene su negativa a este tipo de referéndums porque si ambas regiones consiguiesen más autonomía, éstas podrían quedarse con el 90% de los ingresos tributarios (haciendo peligrar el conjunto del Estado de bienestar) y por su elevado coste: 50 millones de euros en el caso de Lombardía por implementar el voto electrónico como prueba piloto y 14 millones de euros en el caso veneciano con votación tradicional.

De la parte pro-autonomía tenemos a la Liga Norte [Lega Nord es un partido xenófobo de extrema derecha que busca la independencia de todo el Norte de Italia, la denominada Padania], a los Gobernadores y a la mayor parte de los partidos políticos que tienen presencia en esas regiones. Ambos líderes defienden que su demanda de mayor autonomía -e ingresos para financiarla- está respaldada por la Constitución italiana en su artículo 116. Es tal el órdago que Roberto Maroni, presidente de Lombardia y segundo de la Liga Norte dijo que esperaba que ‘el gobierno estuviera dispuesto a negociar porque, de lo contrario, su negativa no sería contra los gobernadores [de las regiones] sino contra la gente’. Es un argumentario que nos resulta familiar a este lado del Mediterráneo.

El propio Maroni ha sido el político más activo en campaña debido a las similitudes de su referéndum con el celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre. A este respecto, afirmó: “El referéndum de Lombardía el 22 de octubre es diferente al de Cataluña, porque es un referéndum considerado ilegal por el gobierno español que pide la independencia. [Nosotros] estamos trabajando dentro de la unidad nacional”. Respecto a la fuga de capitales en Cataluña, añadió: “podría decirle a las grandes multinacionales que buscan invertir en Europa: sabes que si vienes a Milán, durante dos o tres años no haré que pagues impuestos”.

Al cierre de las urnas, la participación en Veneto ha rondado el 60% (la participación mínima requerida era del 50%) y el 30% en Lombardía. Es con la participación, y no tanto con su favorable resultado, con lo que lucharán tanto el gobierno central en Roma como las regiones para negociar en la cesión -o no- de competencias y recursos.

Si la Liga Norte es claramente un partido independentista, ¿se conformarán solo con más autonomía?

Impuesto de sociedades europeo ¿podemos soñar con la integración fiscal?

Ahora que parece que se asientan los cimientos de la economía europea, dejar sin completar la integración económica supondría echar abajo todos los esfuerzos. Recientemente, Macron mencionó uno de esos grandes temas pendientes para la UE en materia económica: la fiscalidad. No se refirió a una unión fiscal propiamente dicha, pero sí apuntó la idea de un impuesto de sociedades comunitario.

La armonización del impuesto de sociedades no es algo nuevo, ya lo propuso la Comisión en 2011. La propuesta era ambiciosa: establecía una base impositiva europea de los beneficios generados en todos los estados miembros para las grandes empresas. En el documento se diseñó este mecanismo como algo voluntario. Idealmente, se acabaría con la transferencia de beneficios entre los países de la UE desde aquellos con tipos más elevados hacia otros con una fiscalidad más ventajosa. Este sistema, además, repartiría la base del impuesto entre los países de manera proporcional a los trabajadores, los activos y las ventas atribuidas a cada país. Así, por ejemplo, una empresa no podrá trasladar las ventas del resto de la Unión al país con menor tributación en el que habitualmente tiene la sede, sino que la base del impuesto será distribuido entre todos los países en los que esa empresa genera sus transacciones económicas, y por lo tanto la fuente de sus beneficios. De esta forma se acabaría con el “dumping fiscal” del que han sido acusados países como Irlanda o Luxemburgo en su afán por atraer a los gigantes digitales dentro de sus fronteras. Esta propuesta claramente tenía una muerte anunciada. Como no podría ser de otra manera, Reino Unido e Irlanda la vetaron antes siquiera de que nos pudiéramos hacer ilusiones.

Sin embargo, la Comisión no desistió y volvió a la carga en octubre del pasado año proponiendo de nuevo lo mismo pero yendo un paso más allá: la medida sería obligatoria para todas las grandes empresas. A esto hay que añadir que el tablero de las negociaciones ha cambiado: por suerte o por desgracia para los irlandeses, estos ya no contarán más con su vecino como aliado para tumbar la iniciativa.

Esta propuesta no persigue únicamente simplificar las obligaciones fiscales de las empresas o eliminar los problemas de doble imposición, es también en beneficio del resto de la sociedad. Imaginemos que una multinacional cualquiera no tenga otros incentivos para establecerse en el país que el de un mejor clima de negocios, la mejor dotación del capital humano, o una economía más dinámica, entre otros. En este mundo ideal, quizás España, Italia o Polonia serían capaces de atraer a esas empresas que, por el momento, no nos han visto siquiera como una opción. A los potenciales beneficios para el resto de países de la UE habría que añadir un nada desdeñable aumento de la recaudación. Llegaríamos, así, a un punto de competencia mejorada dentro de la UE en la que los impuestos no distorsionarían, o al menos no de forma tan descarada, las decisiones empresariales entre los países comunitarios.

Llevamos muchos años erigiendo un mercado único que todavía está en proceso en algunos ámbitos como las telecomunicaciones, el transporte o la energía; no por ello debemos obviar que otras distorsiones, como la impositiva, contribuyen también a la fragmentación y a muchas ineficiencias que hacen que el sueño de un mercado único quede todavía lejos.

Para no perder del todo la esperanza y aunque podría parecer que el proceso de integración europea es ligeramente más incierto después de los resultados de las elecciones alemanas. Francia y Alemania han mostrado ya en la Cumbre de la Unión Europea la lucha contra las aspiraciones de Irlanda y Luxemburgo para que los grandes de internet (Google, Apple, Amazon y Facebook) comiencen a pagar los impuestos que deben. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar para poder saber si esta voluntad de crear una Europa más integrada fiscalmente llegará a materializarse. Mientras tanto, seguiremos despertándonos con noticias sobre cómo las autoridades europeas y nacionales obligan a multinacionales a pagar los impuestos que cualquier otra empresa pagaría. Este enfoque lleva a una acción mucho más descoordinada y menos eficaz que pierde la oportunidad de explotar todo el potencial de la Unión Europea para generar riqueza para todos los ciudadanos.

La sonrisa de Xi Jinping

Haced clic aquí y veréis que no os engaño. El Presidente chino Xi Jinping aparece en todas sus fotos con un rictus desconcertante, una cara de póker, una sonrisa de Mona Lisa sujeta a un millar de posibles interpretaciones. Da igual si está dando la mano a Donald Trump o haciéndose una selfie futbolera con Sergio Agüero y David Cameron. Ahí están Xi y su ambivalente rictus, y ahí está la ambivalente China que él representa. Esa China en la que Xi parece tener todo bien amarrado, en vísperas de un Congreso del Partido Comunista que previsiblemente reforzará su supremacía. Pero no lo olvidemos: China dista mucho de ser un monolito.

Me contaban este verano en Pequín —una asombrosa ciudad en permanente tensión consigo misma, rebosante de historia milenaria, souvenirs con el rostro de Mao y KFCs— que, si eres un politólogo chino y quieres ganarte el favor del Partido Comunista, más te vale prestar atención a la Belt and Road Initiative (BRI). Según Xi, se trata ni más ni menos que del “proyecto del siglo”, así que si no habéis oído hablar de ella es un poco como si todavía pensarais en pesetas. No os ofendáis los aludidos.

La BRI consiste en una especie de revival a lo grande de la archiconocida Ruta de la Seda. Esta versión 2.0 debe su nombre a que se desarrollaría a través de un “cinturón” terrestre euroasiático y una “carretera” marítima (¿?) que llegaría hasta el Mediterráneo. China pretende basarse en la BRI para robustecer sus vínculos comerciales e incrementar sus inversiones en infraestructuras estratégicas en el exterior. Pero no solo eso.

Echad una ojeada a este breve vídeo promocional sobre la BRI. Os prometo que vale la pena. Sí, se pueden hacer todos los chistes que queráis sobre su estética naíf, pero en el fondo lo que yo aprecio en él es un intento por parte de China de mejorar su “poder blando”. Su atractivo internacional, en otras palabras. La BRI tiene un componente político además de económico, lo cual es una obviedad tratándose de un proyecto de tan inmenso calado (casi 1 billón de dólares). En el comunicado que firmaron los numerosos líderes internacionales presentes en el Belt and Road Forum de hace unos meses, se habla incluso de promocionar la democracia, los derechos humanos, etcétera. Lo de Liu Xiaobo, ya tal.

¿Por qué os cuento todo esto en un blog sobre Europa? Ya supondréis que mi objetivo no es congraciarme con el Partido Comunista chino. El motivo primordial es que, en junio de este mismo año, un Estado europeo vetó una declaración conjunta de la UE en la ONU para condenar precisamente las violaciones de derechos humanos en China. Es la primera vez que esto ocurre, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Por desgracia, en la UE no andamos faltos de países en plena deriva hacia el autoritarismo. El Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, quiere instaurar un Estado iliberal siguiendo el modelo de países como la propia China. Lo dijo sin ningún pudor, no vayáis a pensar que se anda por las ramas. La Hungría de Orbán y la Polonia de Kaczyński parecerían las más claras candidatas a romper filas con la UE en su defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Pero, como algunos de vosotros ya sabréis, no fueron estos los países que usaron su veto, sino… Redoble de tambores… ¡Grecia!

Recordaréis que os decía que la BRI pasa por el Mediterráneo. Pues resulta que COSCO, una naviera china de propiedad estatal, se hizo el año pasado con el control del 51% del puerto griego del Pireo, al que China quiere convertir en su “cabeza de dragón” en Europa. El Gobierno de Tsipras, que todavía tiene un profundo agujero económico que tapar, se ha resignado a recibir con una alfombra roja a macro-inversores extranjeros, aunque ello conlleve implícitamente ciertos sacrificios políticos.

Por supuesto, ese no es relato oficial. Según el Ministerio de Exteriores griego, la postura de Grecia en la ONU nace de un convencimiento de que las críticas de la UE a China no son productivas. En ese caso, ¿debemos entender que la alternativa “productiva” que plantea Grecia es contribuir al crecimiento de China sin incomodar al Partido Comunista? Casi puedo ver cómo a Xi se le ensancha la sonrisa.

Pero sería muy simplista limitarse a señalar a Grecia, como si esto no fuera con nadie más. La crisis griega es una crisis europea, como lógicamente también son europeas sus consecuencias. Permitidme aquí una de esas aliteraciones solemnes a las que tanto recurren los speechwriters: la UE debe reformarse, reequilibrarse y reafirmarse en sus valores. Difícil de poner en práctica, lo sé, y seguramente los resultados de las elecciones alemanas no ayuden. Pero no queda otra. La UE representa un ambicioso modelo de integración basado en una serie de principios y reglas compartidas, que incluyen una defensa férrea de los derechos humanos, y en ello radican gran parte de sus éxitos históricos. Si la falta de cohesión interna se lleva por delante su identidad normativa, la Unión habrá perdido su principal activo a nivel global y —lo que es todavía más importante— su principal razón de ser.

Como bien explica aquí mi compañero Alex, la UE no debe sucumbir al proteccionismo facilón que propone Trump, y haría bien en seguir tendiendo puentes económicos con la reemergente China. Sin embargo, por mucho que Xi saliera este año de Davos (merecidamente) por la puerta grande, el compromiso de China con una globalización basada en la reciprocidad es en realidad limitado. Apostar por algún tipo de mecanismo de control de inversiones extranjeras, como han sugerido por ejemplo Macron y Juncker, sería coherente con el fomento de una cooperación económica regulada y transparente, y con ello no estaríamos incurriendo en un proteccionismo de nivel “Trump” en la escala de Richter. Por cierto, a la implementación de este mecanismo se opone también cierto Gobierno europeo que todos adivinaréis, junto con algunos otros que teóricamente se encuentran en sus antípodas ideológicas. (Lo de la vigencia del eje izquierda-derecha lo dejamos para otro artículo, que ya estoy abusando bastante de vuestro tiempo.)

Una de las muchas características admirables de China es que su visión de la política es significativamente más estratégica que la nuestra. La BRI es actualmente el mejor ejemplo de ello. En China se piensa a lo grande y a largo plazo, y las décadas en que ha mantenido un perfil bajo se están agotando. Xi ha comandado la transición hacia un nuevo capítulo, en el que se dice que aspira a ser una especie de Mao en el contexto de Deng. La respuesta más estratégica por parte de la UE sería dar a entender a Xi que no estamos dispuestos a comprar el paquete entero, y que nuestra vulnerabilidad puede ser legítimamente aprovechada a través de acuerdos que conlleven un beneficio mutuo, pero nunca explotada.

Aquí va mi propuesta final: tratemos al gigante chino simultáneamente como una amenaza y una oportunidad, como si del gato de Schrödinger estuviésemos hablando. Exploremos esas zonas grises —sin caer necesariamente en la equidistancia— tan poco transitadas hoy en día. Devolvamos a Xi exactamente la misma sonrisa ambigua que él muestra al mundo. Ni dragon slayers ni panda huggers, eso es lo que (no) somos.

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Después de Tallin, aún mucho por decidir

“Estamos construyendo en la Unión Europea una sociedad digital”, indicaba el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, momentos antes de la cumbre de Tallin sobre la Europa digital. “Pero para ello —añadía— necesitamos la infraestructura correcta, las normas correctas y la actitud correcta”.

No es casualidad que sea Estonia el país que está intentando, en su semestre de presidencia del Consejo, impulsar una economía y sociedad digitales. Esta república báltica utiliza plataformas y herramientas digitales en la educación, fue el primer Estado en permitir votar por Internet en unas elecciones generales, cuenta con una de las bandas anchas más rápidas del mundo, destaca por los avances en pagos electrónicos y por su servicio de salud digitalizado. Además, ofrece la residencia electrónica que permite acceder a numerosos servicios digitales. En conclusión, Estonia es referencia para todo país que quiera avanzar hacia una administración y unos servicios públicos electrónicos.

Son muchos, como vemos, los temas que se podían discutir en Tallin, pero, como suele ocurrir en muchas de estas cumbres, las conclusiones se quedan en meras declaraciones de intenciones, como querer adaptar el sector público a la era digital, convertir a Europa en líder global en ciberseguridad para 2025, hacer de la UE el mejor escenario para los negocios y la innovación, empoderar a las personas, e invertir en el crecimiento de la economía digital. El desfile de personalidades antes de la cita iba dejando atractivas palabras que deleitaban a los medios sobre los beneficios de la Europa digital. Palabras.

Estonia quiso organizar un gran evento, una gran cumbre sin entrar en las largas discusiones en las que se suelen enzarzar los líderes europeos, y preparar, así, una agenda de cara a 2025 basada en un amplio abanico de cuestiones generales. Por supuesto que, cuando hablamos de economía digital, hay que pensar a largo plazo, pero las palabras se pueden quedar en el aire, y lo que debería establecerse es la base de un acuerdo que siente las bases normativas de lo que queremos conseguir. Por cierto, el tiempo se agota: de las 24 propuestas legislativas de la Comisión en materia digital, aún deben adoptarse 18 antes del final de 2018.

Por su parte, Emmanuel Macron se presentó en Tallin con su programa. Francia ya llevaba una iniciativa, suscrita también por España, Alemania e Italia, que tiene como fin frenar los abusos fiscales de gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o Apple. Estos cuatro países defienden que estas compañías han usado regímenes fiscales que les han permitido no pagar billones de euros en impuestos en la UE. Por ello, de acuerdo a esta idea, según Macron apoyada por 19 Estados, estas compañías pagarían impuestos en función de lo que facturen en cada país, en lugar de, como lo hacen actualmente, por los beneficios que obtienen.

Estonia evitó cualquier confrontación en torno a este asunto, al existir diferentes opiniones al respecto, y no se incluyó en la agenda. Quienes no esconden su oposición a esta iniciativa son Irlanda y Luxemburgo. La Comisión Europea sancionó a Apple en 2016 a pagar 13.000 millones de euros a Irlanda por haberse beneficiado durante más de una década de rebajas fiscales. Además, se están investigando prácticas similares entre Luxemburgo y Amazon. Por su parte, el ejecutivo comunitario impuso, el pasado mes de junio, una multa a Google de 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante en su servicio de comparación de compras en línea. En conclusión, la Comisión barajará varios escenarios, se concede tiempo y hará pública su propuesta en primavera.

No se puede negar que no se esté avanzando en iniciativas digitales, pero los acuerdos no acaban de llegar. Sí, se han eliminado los recargos por roaming, pero hay mucho más en juego. La Comisión propuso hace un año un código europeo de comunicaciones electrónicas, pero los Estados bloquean los avances para la gestión de la coordinación del espectro, clave para la llegada del 5G y el internet de las cosas. También se quiere acabar con el bloqueo geográfico injustificado para evitar discriminación a los consumidores. Asimismo, se deben dar pasos para proteger la seguridad de los ciudadanos en Internet, entre muchas otras cuestiones.

Está claro que la fragmentación europea en el terreno digital impide serios avances. Si caminamos por separado, no haremos más que obstaculizar el desarrollo de todas estas tecnologías. La integración europea consiste, precisamente, en facilitar la vida de los ciudadanos europeos, en que nos beneficiemos del mercado único, también en lo digital; en que podamos acceder a cada vez más servicios electrónicos, que son menos costosos y más cómodos. Eso sí, sin seguridad, no habrá tecnología, y la sociedad europea digital no será posible.

Claves de las elecciones alemanas

Tras la jornada electoral del domingo 24 de septiembre en Alemania, compartimos a continuación estas cápsulas de análisis sobre los resultados electorales y sus implicaciones para Europa:

  • Finalmente, las urnas le han dado a Merkel un resultado peor del que pronosticaba cualquier encuesta. Con todo, el receso es muy controlado si tenemos en cuenta el propio coste y desgaste políticos: estamos hablando de una campaña para aspirar nada menos que a un cuarto mandato y con un tema en la agenda política, los refugiados, que han polarizado las posiciones respecto a su partido.
  • Las elecciones alemanas vienen a confirmar lo que ya se apuntaba en otros sitios de Europa: lo migratorio es uno de los ejes políticos inevitables en la política europea. Da igual que los refugiados y los inmigrantes económicos no sean lo mismo; da igual que los refugiados musulmanes estén huyendo del horror y la persecución. Da igual y ya no hay vuelta atrás. Las sociedades europeas consideran la inmigración y la integración como un problema que, situado en el top de las prioridades, alimenta a partidos xenófobos y autoritarios en todos los rincones del continente.
  • Con el 13% de los votos (y alrededor de 87 escaños), Alternativa por Alemania, AfD por sus siglas en alemán, se coloca como tercera fuerza. Sube con fuerza desde los resultados que obtuvo en 2013 (4,7%) y se coloca como segunda fuerza en ‘Alemania del Este’. Se definen como derechistas, nacionalistas y euroescépticos, marcan distancias con el partido nazi NPD, pero bebe de él.
  • AfD hizo bandera del rechazo a los refugiados, a la inmigración y al islam. Merkel ha pagado el desgaste de ser la líder europea que más claramente se posicionó a favor de la acogida, con una campaña feroz por parte de amplios sectores sociales que ha tenido acomodo no solo en AfD, sino también en el FDP.
  • La mayoría de votantes del AfD califican su propia situación económica mala o muy mala además de injusta y provienen, principalmente, de la abstención y del descontento con la CDU y, en menor medida, con los socialdemócratas del SPD y la izquierda de Linke.
  • Por su parte, el Partido Socialdemócrata (SPD por sus siglas en alemán) pierde cinco puntos respecto a las elecciones de 2013, lo que sitúa al partido de Schulz en su peor resultado desde la postguerra, con un 20,7% de los sufragios. Ello es una muestra no sólo del declive del partido, sino también de la reconfiguración del panorama político en un país en el que, como recuerda The Economist, socialdemócratas y cristianodemócratas representaban en total un 80% de los votos. Hoy, el bipartidismo supone apenas un 53%.
  • Recurriendo a una explicación que los politólogos suelen defender habitualmente, es cierto que el fracaso del SPD pudo deberse, en buena medida, al efecto perjudicial de la gran coalición: los votantes tienen problemas para identificar quién adopta qué medidas. En el caso alemán, el SPD logró imponer a Merkel medidas como el salario mínimo, algunas políticas en materia de vivienda o la aprobación del matrimonio igualitario, pero el rédito lo obtuvo el partido de la canciller, pese a que había optado por el perfil bajo.
  • La lectura de la factura que ha pasado la gran coalición a los socialdemócratas les viene bien hoy para justificar su estrategia postelectoral, pero no olvidemos que a principios de año Schulz remontó en las encuestas (superando incluso a la CDU en febrero), y quizá esta caída tenga también que ver con las carencias de su discurso y el déficit a la hora de presentarse como alternativa real a la formación encabezada por Angela Merkel.
  • El Partido Liberal (el FDP, por sus siglas en alemán), por su parte, vuelve al Bundestag tras haber quedado fuera en las elecciones de 2013, cuando no alcanzó el umbral electoral del 5% requerido para entrar en el Parlamento. ) Tradicionalmente europeísta y liberal, bajo su nuevo candidato, Christian Lindner, el FDP ha hablado de economía digital y de reformas, pero también reforzado su faceta liberal en materia económica (defensores de bajos impuestos y menos regulaciones), mientras se ha mostrado muy “prusiano” en el ámbito presupuestario y en el cumplimiento de las reglas de gasto a nivel europeo.
  • Como ya se anunció durante la campaña, los liberales van a pedir el ministerio de Finanzas para formar parte de esta coalición, fundamental durante las últimos años para entender el papel de Alemania con respecto a la crisis de deuda en Europa. En este sentido, el FPD de Christian Lindner apuesta por una mayor dureza con los países deudores, se muestran reticentes a las propuestas de avanzar hacia una mayor integración de los países de la zona euro y defienden poner fin a algunos de instrumentos de solidaridad como el Fondo de Rescate de la UE (MEDE). Una situación que pondría todavía más trabas al ya complejo equilibrio de intereses entre Francia y Alemania. Un acuerdo del que depende que Europa avance finalmente, o no, en las esperadas reformas.
  • La opción más lógica ahora mismo es la conocida como “Jamaica”, los democristianos de Merkel junto a los liberales del FDP y los Verdes. Esta posibilidad no se antoja sencilla, pues tanto liberales como verdes aprovecharán esta oportunidad para intentar sacar el máximo rédito político a la situación, precisamente frente a un CDU/CSU que consolida su posición de liderazgo.
  • En definitiva, nos quedamos preocupados por el ascenso de la formación AfD. Peligra la concepción europeísta de sociedades abiertas en las que muchos creemos y no parece fácil revertirlo. Las sociedades cerradas son más autoritarias, menos prósperas y menos inclusivas, pero el ascenso de los partidos extremistas no es causa sino síntoma. Si Merkel pretende recuperar el votante que se ha ido a AfD veremos qué propuestas adopta, pero no parece que ninguna vaya a ser en beneficio de la UE.
  • Con todo, no debemos subestimar su capacidad para soportar la presión, máxime cuando su gestión como canciller ha estado caracterizada por su flexibilidad ideológica y su capacidad de adaptación, y tratándose además del mandato en el que se preocupará por construir un buen legado como canciller alemana y como líder europea. Ánimo, Merkel. Eres una de nuestras últimas esperanzas.

La política comercial de la Unión Europea: China y la economía digital

La Unión Europea quiere ser el mercado de capital competitivo que sus líderes llevan tiempo anhelando, tras años de crisis financiera, económica, social, de valores y principios. La política comercial ocupó la primera propuesta ejecutiva que Jean-Claude Juncker presentó en su discurso sobre el Estado de la UE. La necesidad de desarrollar nuevos aliados comerciales, ahondar en los existentes y fomentar la inversión extranjera hacia el continente para impulsar la economía europea, tras una década de ajustes, hace que la UE se posicione como un mercado abierto a acuerdos económicos tanto públicos como privados.

Lo fundamental será hacerlo con equilibrio aunque el deseo de abrir una nueva época puede derrumbarse incluso antes de proceder. Como tantos otros, el plan de promoción de inversión viene acompañado de contradicciones. Durante el mismo discurso, Juncker anunció la puesta en marcha de un nuevo instrumento para el control de las inversiones extranjeras en la UE. Este recurso, según Bruselas, ha sido impulsado por algunos estados miembros en respuesta a preocupaciones sobre la tendencia de adquisiciones chinas en Europa y por alegaciones de que el bloque no hace lo suficiente para proteger a sus propias empresas. Las compras por parte de China de empresas europeas en sectores estratégicos de infraestructuras y alta tecnología es uno de los debates políticos más ardientes del continente en los últimos tiempos. China invierte más en Europa que es Estados Unidos. Otros apuntan a posibles casos de competencia desleal y consideran las ventas de tecnologías sofisticadas a los chinos como un riesgo de seguridad. Con todo, el instrumento para supervisar la inversión extranjera parece ser una respuesta a las altas cantidades que dichas empresas están desembolsando en las adquisiciones.

Esta contradicción en uno de los principales ejes de actuación como es la política comercial y de inversión puede traer riesgos al bloque en los próximos meses. La UE peligra perder credibilidad y coherencia por sus acciones, una crítica que ya ha recibido, y entrar en disputas con otros países que poco le beneficiarían. Con los acuerdos comerciales siendo una de las áreas más candentes de la política global actual la UE tiene la posibilidad de revertir la tendencia nacionalista y proteccionista que persiste. En su mano está lograr ser el ejemplo de liderazgo, manejo y fortalecimiento de la nueva economía: la economía digital. Europa podría ser el ejemplo a seguir sobre como los acuerdos comerciales con otros países y bloques  pueden ser beneficiosos para todos. Si bien el comercio es vital para la prosperidad europea, los ciudadanos temen los efectos de la globalización y critican que la gran empresa siempre sea la más beneficiada. Los líderes deben ser más conscientes de que muchos ciudadanos piensan que los beneficios del comercio internacional y la inversión no han sido compartidos. Los ciudadanos europeos quieren que la política comercial proteja y promueva valores en los que creen, que impulsen el mercado laboral y el crecimiento de todos. Está en las manos de la UE llevar a la práctica ese mantra que tanto se repite de crecimiento global inclusivo y sostenible.

El momento no podría ser más óptimo dado que el proteccionismo tiene una fuerza en el debate global como hacía años que no estaba. Europa tiene en su mano remarcar un tono diferente. Por un lado, Donald Trump continúa aireando políticas proteccionistas y el Reino Unido está a las puertas de bajar un eslabón en su presencia comercial global. Por otro, China e India continuando su rápido crecimiento, y los países emergentes más adaptados al golpe sufrido por la crisis de las materias primas. La UE tiene una oportunidad de afianzarse como un socio que ofrece seguridad a este segundo grupo de países.

El presidente del Parlamento Europeo hizo halago de la recuperación económica paulatina y presentó una Europa que quiere posicionarse como un bloque atractivo para hacer negocio. Anunció que la UE cerró un acuerdo comercial con Canadá (que se aplicará provisionalmente a partir de la próxima semana) y un acuerdo político con Japón sobre una nueva asociación económica. Además dijo, que para fin de año, esperan poder hacer lo mismo con México y el bloque de países de América del Sur, Mercosur. El gran anuncio en la materia también llegó. “Hoy estamos proponiendo abrir negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda,” dijo Juncker. Han sido estos tipos de acuerdos comerciales los que han servido para alimentar la retórica los propulsores de políticas proteccionistas entre países miembros y otros como EEUU y que la UE debe saber llevar. Juncker tiene que hacer valer su varias veces repetido  discurso de que la UE están a favor de los acuerdos comerciales internacionales, “pero no de un libre comercio naíf.”

Solo un minuto después de dicha frase propuso el nuevo marco para el control de las inversiones extranjeras en la Unión con el objetivo de una mayor supervisión de las inversiones y de proteger los sectores estratégicos. “Si una empresa, estatal, extranjera quiere comprar un puerto europeo, parte de nuestra infraestructura energética o una empresa de tecnología de defensa, esto sólo debería ocurrir en la transparencia, con escrutinio y debate,” dijo Juncker. Se trataría de un proceso de verificación, no de control, parecido al que utiliza Estados Unidos para aprobar fusiones y adquisiciones de empresas nacionales. El debate sobre la parte legal y de responsabilidades del mecanismo de control está servido.

Europa sigue en un periodo de ajuste tras la crisis financiera y económica que azotó la UE, los países miembros y la moneda única. No hay que perder de vista esa realidad: el sentimiento de debilidad institucional y miedo al desplome económico y social permanece. Que la UE esté de brazos abiertos en búsqueda de mayores socios comerciales y de mayor inversión extranjera directa es importante. Lo que debe asegurarse es que esté destinado a los sectores del futuro, en otras palabras, sectores, empresas y negocios de la era digital. La naturaleza del trabajo está cambiando, lo cual puede ser provechoso si la UE logra que el fundamento social del trabajo evolucione para el beneficio de todos.

Con la Inteligencia Artificial, las energías renovables, el internet de las cosas irrumpiendo en sectores como el educativo, de salud y otros tantos la oportunidad es muy grande. Sobre todo que esa inversión extranjera suponga una fuente de creación de empleo con puestos de trabajo de la nueva economía, tales como análisis de datos, ingenieros de redes 5G o técnicos de servicio para turbinas eólicas. El intercambio de información continuará su ascendente camino. Como dice el economista Harold James, “los flujos de datos mundiales seguirán aumentando, constituyendo una cuota creciente de valor económico.” El principal objetivo debe ser capacitar mejor a las sociedades para aprovechar las oportunidades y los beneficios de la globalización económica.

El contraste de intentar una mayor apertura a los negocios con la proposición de un nuevo mecanismo de control de las inversiones va a ser algo en el que la UE se tenga que posicionar claramente para no alienar posibles negocios.  Más ella, el debate de los desequilibrios que se están creando entre los dos mercados más grandes del mundo, la UE y China, acaba de comenzar y se puede convertir en un asunto que encabece la geopolítica entre los dos. Probablemente vayan a dominar parte del debate europeo en los próximos meses. Una buena relación comercial es fundamental para el bloque y evitar esos recelos y desequilibrios debe ser una prioridad. Es lógico que la UE esté necesitada y preparada para ampliar la presencia económica global de Europa. La necesidad de distanciar el bloque de años de incertidumbre, de desempleo histórico, de populismos, de brexit, hace que comercio e inversión sea la estrategia que más le puede beneficiar.

Si la UE quiere anclarse como el líder de comercio global, con el mercado más grande, debe de estar muy segura de cómo lo va a hacer, de qué manera quiere que sea más vigorosa y tener claro que la economía digital es el camino a seguir.

El Camino de Europa

Cuando llegas a Santiago de Compostela, mirada gacha tras días de esfuerzo, contando los últimos metros que te separan de la Plaza del Obradoiro, una leyenda en la calzada, repetida en varios idiomas, pasa fugazmente bajo tus pies: «Europa se hizo peregrinando a Compostela». Cierta o no tal afirmación, lo que no hay duda es que el Camino conecta de una forma casi natural con la idea de una Europa transnacional, solidaria y con vocación universal, desde mucho antes de que Europa tuviese atisbos de serlo. Se dice que el Emperador Carlos I de España y V de Alemania, otro de esos personajes que pretendió unir el continente, bautizó a la ruta jacobea como la «Calle Mayor de Europa». Ya en nuestros días, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia definía al legendario camino como un «encuentro entre personas y pueblos (…) símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia europea».

El que fue escogido como el primer Itinerario Cultural Europeo en 1987, más que una bella metáfora de lo que aspira a ser Europa, es un ejemplo de cómo llegar a serlo. Lo que vertebra hoy día al Camino y lo hace atractivo más allá de nuestras fronteras no es su indudable simbolismo religioso, sino un carácter universal y abierto que no renuncia a una marcada identidad y personalidad propia. El Camino no esconde su carácter gallego, leonés o asturiano, su dimensión religiosa, sus localismos o las particularidades de sus pueblos y gentes, pero mucho menos los convierte en excluyentes. Muy al contrario, el relato, la historia que «vende» el Camino, es una historia de superación, de fraternidad, de encuentro y de reflexión, en las que lo particular es sólo un imprescindible envoltorio, es los personajes y escenarios que dan forma al fondo de una narración y permiten que cualquiera se sensibilice con lo que allí se cuenta. El Camino consigue esto con tal éxito que logra transformar los sacrificios del recorrido en superación y los obstáculos del trayecto en una atractiva aventura para gentes procedentes de las tierras más remotas.

Esta vieja Europa, llena de historia, de filosofía, de cultura, de arte, de genios, mitos y leyendas, esta Europa tan rica en fondo y en forma, quizá por miedo a agitar la confrontación, decidió en algún momento abandonar ese envoltorio que pone rostro y da forma a su discurso. Probablemente con la noble intención de marcar distancias con los fantasmas del nacionalismo, seguramente para hacer universal, también en lo formal, a lo que pretendía serlo en el fondo, Europa dejó el espacio de los símbolos, de la narrativa y de la piel a otros. Esta Unión a la que tantas veces se le achaca ser fría y distante, a la que una parte importante del ciudadano medio ve como aburrida, lejana e inaccesible burocracia, le hacen falta más rostros, más símbolos, más líderes, más historia.

Si en los billetes nacionales antes teníamos a nuestros héroes patrios, monumentos y símbolos más arraigados al imaginario colectivo nacional, ahora en el Euro tenemos formas geométricas indefinibles, puentes y ventanas que simbolizan mucho pero que difícilmente representan a nadie. Esa identidad genérica que se repite en la iconografía institucional y hasta cierta medida en la bandera europea, encuentra una genial excepción en el Himno Europeo, que acertadamente coge una de las piezas más brillantes y emotivas de la música clásica universal, la «Oda a la Alegría» de Beethoven, para convertirla en un verdadero símbolo de todos los europeos. Esa simbología, lejos de ser accesoria, es fundamental para crear un relato europeo propio e identificable que pueda algún día dar origen a un demos europeo.

Un discurso y narrativa clara e identificable, como el que hay detrás del «Liberté, égalité, fraternité» de la República Francesa o del «American Dream» de los Estados Unidos. Relatos fundacionales, en su día basados en un nuevo paradigma, con rasgos identitarios propios, apuntalados por figuras históricas y simbología clara, pero a su vez con un carácter universalizador, atemporal y atractivo para cualquiera. Un relato que Europa no necesita inventar, pues radica en su misma razón de ser. Las batallas que hoy libra la Unión, desde el terrorismo yihadista hasta los nacionalismos, en cualquiera de sus formas, son todas la lucha de dos paradigmas, de dos relatos enfrentados: sociedades abiertas contra cerradas, pluralidad contra uniformidad, cosmopolitismo contra quienes ven la diferencia como una amenaza.

La Unión personifica uno de estos paradigmas: el de la superación del Estado-nación clásico y de sus barreras físicas y mentales, el del cosmopolitismo y del multiculturalismo, el de las sociedades hacia las que la revolución digital y la globalización nos dirigen: el de los nuevos tiempos. Como en el ejemplo de la ruta jacobea, Europa debe ser la demostración de que se pueden articular diferentes caminos, a diferentes ritmos, con gentes y pueblos distintos, mientras que el destino sea el mismo. Ese es precisamente su valor, ese es su paradigma y su fondo. Ahora Europa debe dar forma y poner rostro a ese relato, sin miedo a acometer, no sólo la batalla de la razón, sino también la del corazón. Porque hoy son otros los que van ganando esa disputa, una contienda que de librarse mañana quizá ya sea demasiado tarde.

Los bosques de Europa

Comienza agosto de 2017 y, un año más, en media Europa sufrimos los devastadores efectos de los incendios forestales. Primero fue Portugal, más tarde Francia y España, también arden estos días Italia, Croacia y Grecia ante la acostumbrada audiencia europea a que se hable en miles de hectáreas cada vez que un fuego surge en nuestros bosques.

En muchos casos -la mayoría-, la actividad humana es la causante de estos fuegos, ya sea de manera deliberada o accidental. La cuestión es que, independientemente del origen del fuego, hay una serie de elementos en el cuidado de las áreas forestales que eliminarían en un altísimo porcentaje la posibilidad de que se iniciaran o, en su caso, que se propagasen de manera tan brutal. Entre otros, labores de poda, desbroce, limpieza de residuos y elementos inflamables o plásticos y vidrios que puedan hacer lupa, etcétera; por desgracia esto en muchos sitios no se lleva a cabo. Por otro lado, hay una práctica tremendamente efectiva que está encontrándose con verdaderos muros en las corporaciones locales y otras administraciones públicas, así como entre grupos de la sociedad civil: los cortafuegos. Un cortafuegos, independientemente de la especificidad de cada técnica, consiste en establecer corredores estratégicos en diferentes partes del bosque, eliminando la vegetación durante unos metros e incluso cavando zanjas, de modo que cuando el fuego llega a dicho corredor, no puede continuar y “únicamente” quema lo ya devorado. Pues resulta que hay grupos políticos y lobbies de falsos ecologistas que se oponen a la tala de unas cuantas hileras de árboles por el sacrilegio de matar unos centenares de ellos, a sabiendas de que esta es una de las poquísimas medidas que pueden salvar a otros cientos, pero de miles.

La gestión de los bosques es todavía una cuestión totalmente nacional en la Unión Europea y, en casos como el de España, dependiendo de la naturaleza del área forestal, puede ser competencia nacional, autonómica o incluso local. Esto lleva a tener cientos de diferentes normativas y prácticas en la conservación de los bosques a lo largo y ancho de la UE y que en muchos territorios encontremos verdaderas chapuzas de gestión forestal y de labor anti incendios, como puede ser el reciente y mortal incendio del centro de Portugal. Prácticas como la plantación de Eucalipto (altamente combustible) en lugar de flora autóctona y más segura, el abandono durante los meses de invierno del bosque, la absoluta inexistencia de cortafuegos y ausencia de efectivos profesionales (en Portugal, de los 30.000 bomberos del país, solamente 3.000 son profesionales; el resto son voluntarios, en muchos casos menores de edad).

La supuesta concienciación ecológica de los europeos está en tela de juicio cada verano, cuando vemos con pasividad cómo ecosistemas enteros quedan anulados para las próximas décadas, cuando evitar estos fuegos o reducirlos al 10 por cien tan sólo requeriría de una estandarización legal comunitaria de las mejores prácticas y el destinar un pequeño porcentaje de, por ejemplo, la Política Agraria Común a la formación y establecimiento de un cuerpo de evaluación y mantenimiento forestal europeo (si quieren, con banderita de cada Estado o Comunidad Autónoma, no quisiera yo que ningún político de cuarta se quedara sin poder ponerse la medallita).

De nada servirán los Acuerdos de París si continuamos calcinando los pulmones de nuestro verde continente al ritmo que lo hacemos y, salvo que hagamos de esta amenaza -que mata mucho más que el terrorismo- una prioridad de nuestra política, nunca podremos frenarla.

Aquí podéis encontrar un artículo recopilatorio de las medidas comunitarias existentes en esta materia hasta el momento; encomiables esfuerzos, largamente insuficientes.

Polonia: un pulso por la independencia judicial

La semana pasada, miles de ciudadanos se manifestaban frente al Tribunal Supremo de Polonia, justo donde unos días antes Donald Trump era recibido, con los brazos abiertos, por el Ejecutivo del país. Los airados manifestantes (que repitieron el viernes en las principales ciudades del país) criticaban las recientes reformas en materia de justicia planteadas por el partido en el Gobierno, “Ley y Justicia” (PiS, en sus siglas en polaco) que finalmente fueron aprobadas por el Senado el pasado sábado.

Es, justamente, este Ejecutivo, el que ha dado numerosas ocasiones a la ciudadanía para salir a la calle, desde su victoria en octubre de 2015. Siguiendo la tendencia de “democracia iliberal” a la que ya se han sumado otros ejecutivos como el húngaro, el Gobierno del PiS ha apadrinado polémicas reformas como el incremento del control de los medios públicos (que calificaron a la manifestación del otro día como “golpe”), las modificaciones en un sistema educativo “que defienda los valores tradicionales”, el intento de restringir (aún más) el aborto, o la creación de Grupos de Defensa Territorial para “defender los valores cristianos y patrióticos”, han sido contestadas por una sociedad civil que se ha mostrado muy crítica y activa.

Pero, además de la oposición polaca, ¿qué puede hacer la UE frente a esto? Las instituciones se han armado de varios instrumentos de “garantía del Estado de Derecho” que es, en definitiva, uno de los principios sobre los que se asienta la Unión.

El primero es el “instrumento de alerta rápida”, creado en 2014, y que busca, a través de un diálogo con el Estado Miembro en cuestión, encontrar soluciones antes de recurrir al procedimiento siguiente.

El segundo es el “procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE”. Un artículo que incluye, en realidad, dos procedimientos: 1) el que permite “constatar un riesgo de violación del Estado de Derecho”, y 2) el mecanismo más duro, por el que se puede reconocer una efectiva “violación del Estado de Derecho”. De llegar a este punto, lo que requeriría la unanimidad de los Estados Miembros, se podrían suspender algunos derechos otorgados por el Tratado, como el derecho de voto en el Consejo de la UE.

Las propias instituciones europeas decidieron, ya en enero de 2016, recurrir al “instrumento de alerta rápida” por primera vez, justo contra Polonia (nos lo contaba Salva Llaudes). Dicho mecanismo contempla varias fases, entre las que destaca el establecimiento de determinadas recomendaciones a seguir que, no obstante, fueron ignoradas por el Ejecutivo ultranacionalista.

La situación actual, quizás por su especial gravedad, parece haber agotado la paciencia de las Instituciones Europeas y muy especialmente del vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.

Esta semana, el grupo del PiS en el parlamento polaco planteaba una vuelta de tuerca más a una controvertida reforma del poder judicial que ya levantó duras críticas de la oposición parlamentaria, diversas ONGs y buena parte la sociedad civil (un 76% está en contra, según algunas encuestas), como prueban los manifestantes de los que hablábamos al inicio del post. Dicha reforma constaba de varios objetivos: reforzar el papel del Parlamento en la elección de los miembros del Consejo Nacional Judicial -el órgano de gobierno de los jueces polaco-, con lo que elegiría a la mayoría de éstos, y la posibilidad de que el Ministro de Justicia nombre a los jueces de las instancias inferiores. Pero la última medida ha sido la más polémica: a través de ella el Ejecutivo adquiriría un enorme poder sobre la selección de los magistrados del Tribunal Supremo. Así, ello supondría el fin del mandato de los actuales jueces de la máxima instancia judicial, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por otros, nombrados por el propio Ministro de Justicia. Muchas voces ya han denunciado la manifiesta ilegalidad de esta reforma. Por otro lado, se “recordó” a los jueces que deben tener en cuenta los “valores cristianos” (¿querrán decir “los del partido gobernante”?) a la hora de tomar sus decisiones. Finalmente, el Senado (donde el PiS ocupa el 62% de los escaños) ha dado luz verde a la reforma el pasado viernes 21. Ahora la última palabra la tiene el Jefe del Estado, Andrzej Duda, en cuyas manos está el poder vetar la ley.

Como señala Andrzej Mendel-Nykorowycz desde ECFR, estos cambios darían vía libre al PiS para colocar en el Tribunal Supremo a sus partidarios, y, en definitiva, poder “mantener el control sobre los nombramientos judiciales por lo menos durante los próximos cuatro años”.

Dichas modificaciones en el Tribunal Supremo han sido especialmente criticadas y es que, como recuerda quien fuera letrado del TJUE, Daniel Sarmiento, “atacar al Tribunal Supremo es atacar la propia esencia del poder judicial”.

En esta ocasión, y como apunta Carlos Closa, la respuesta de la Unión ha sido más contundente que la tomada respecto a casos similares como el húngaro, cuyo Gobierno también ha puesto en jaque a la UE con reformas de corte similar (aunque las diferencias entre el caso polaco y el húngaro son numerosas, y  hablar del caso húngaro daría para otro post…) El catedrático señala que, en la situación en Polonia, el partido del Ejecutivo no disfruta de tanta fuerza parlamentaria como en el vecino magiar; su posición en el Parlamento Europeo es más débil (pues pertenece al Grupo de los Conservadores y Reformistas, menos numeroso, y no al hegemónico Partido Popular, como es el caso del Fidesz húngaro). Sin embargo, Closa es escéptico con el mecanismo de sanción del artículo 7: llegado el caso, al requerir la unanimidad del Consejo Europeo (representado por sus Estados Miembros) es posible que Hungría bloquee la aplicación de tales medidas, dejando en evidencia su falta de operatividad. La UE es aquí, una vez más, presa de sus propias lógicas, cuando éstas recaen en exceso en el peso de los Estados.

No obstante, y como recordaba The Economist, Polonia cuenta con un importante activo: una sociedad civil fuerte y cada vez más crítica con el gobierno ultranacionalista, que ya logró detener algunas medidas muy regresivas. Un aspecto interesante y esperanzador de estas protestas es que han conseguido aglutinar a gente de toda condición al margen de ideologías, y muy especialmente a los jóvenes. Posiblemente sea esta capacidad de presión (a lo que debemos sumar que incluso desde la Administración Trump también se han criticado dichas medidas) la que logre hacer rectificar a un gobierno que justifica las reformas para “liberar a unos tribunales subordinados a fuerzas extranjeras” y así “proteger al pueblo de las élites”. ¿Nos suena todo esto?

 

Actualización: durante la mañana del lunes 24, el presidente Andrzej Duda anunció su intención de vetar algunos aspectos de la reforma.

 

Un agradecimiento en especial a Elisa Uría y a Wojciech Golecki por sus sugerencias a este artículo.