Turquía se aleja de Europa y se embarca en una nueva aventura presidencialista (I)

A partir del 2019 la Constitución turca verá cambiada su estructura por 18 nuevas enmiendas que otorgarán más competencias al presidente turco. Esta reforma fue decidida mediante un referéndum en abril del año pasado y supuso un gran impacto internacional, sobre todo en la Unión Europea.

Erdogan en Davos en 2009. Foto: Andy Mettler (CC BY-NC-SA 2.0)
Erdogan en Davos en 2009. Foto: Andy Mettler (CC BY-NC-SA 2.0)

¿Por qué Europa quería que ganase el hayir (‘no’ en turco) en el referéndum?

La crisis interna que sufre actualmente el país llevó al presidente Recep Tayyip Erdogan a plantear un referéndum para convertir la República de Turquía en un régimen presidencialista. Este sería el séptimo referéndum que se realiza desde los años 60 y propone un cambio estructural que destruye las bases administrativas instauradas por Kemal Atatürk.

Turquía no pasa por su mejor momento. La guerra en su vecina Siria, la crisis migratoria, los terroristas del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Estado Islámico (EI), el movimiento independentista kurdo y el pasado golpe de Estado del 15 de julio de 2016 han llevado a Erdogan a tomar esta decisión reformista que rompe con la mayoría de preceptos democráticos europeos. Así lo manifestó el Consejo de Europa en una resolución en forma de opinión el 13 de marzo desde Estrasburgo.

Esta resolución fue un toque de atención europeo que no tuvo mucho impacto en el presidente turco. Es imprescindible recordar que el Consejo de Europa está formado por la mayoría de países que, geográficamente, forman parte del continente europeo. Turquía entró a formar parte del Consejo el 9 de agosto de 1949 aunque fue expulsado a principios de los 80 debido a un golpe de Estado militar que duraría tres años. Esto no impidió que volviera a reintegrarse en el Consejo en  1984 tras celebrar de nuevo unas elecciones libres.

El Consejo es una organización internacional a parte de la Unión Europea y se encarga de medir la “salud democrática” de un Estado en base a los criterios de Copenhague que, a su vez, ajustan los límites y objetivos que debe cumplir un Estado para formar parte de la Unión Europea. El documento de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo) a pesar de ser una opinión orientativa, abre la puerta a ciertas reflexiones que reflejan el alejamiento de Turquía de la Unión. Lejos quedó aquella época en la que se hablaba de una integración, el retroceso de la clase dirigente secular turca ha dado paso al empoderamiento de una clase media musulmana y conservadora que ya no tiene interés en el pan de adhesión europeo.

Realizar una modificación constitucional no es un asunto sencillo y es importante partir de tres objetivos basados en las normas de la ley, la democracia y los derechos humanos. Desde la Comisión de Venecia advirtieron a Erdogan de que “hay que garantizar la regularidad del procedimiento, tiene que existir una separación suficientemente sólida de los poderes, y debe haber una clara independencia del poder judicial”. Pero no ha resultado ser como la Comisión aconsejó.

La ausencia de debate acerca del referéndum y las trabas administrativas a los opositores de Erdogan

En los primeros meses de 2017, durante todo el proceso pre-electoral, no pasó inadvertida la represión funcional que se desataba contra los opositores al régimen. Con el fantasma del golpe de Estado en la nuca, el Gobierno anatolio vetó a todo tipo de personas que pudieran perjudicar a su objetivo constitucional. La Comisión de Venecia justifica estas críticas basándose acontecimientos como el arresto de los líderes de la oposición del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) (con 80 diputados en el Congreso) con quien el Gobierno tuvo una gran disputa de escaños durante las elecciones realizadas en junio y noviembre de 2015. Además, la votación del referéndum debería haber sido secreta según el artículo 175 de la Constitución y el artículo 94 de la Asamblea de Normas de Procedimiento, pero no fue así.

El “peor momento” para celebrar un referéndum

El planeamiento y la celebración del referéndum se realizó bajo un “estado de emergencia” en auge. Es cierto que no existe una norma internacional que prohíba un referéndum constitucional durante situaciones de emergencia, guerra, estado de sitio, etc. Pero sí que en 12 países europeos está prohibido tomar medidas estructurales debido a la posible falta de transparencia, y debate adecuados acorde con el sistema democrático.

Como explica la Comisión, para que exista democracia es necesario que se respeten los derechos humanos y, en particular, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión y asociación política. Los medios de comunicación tienen que ser neutrales, sobre todo en las coberturas informativas. Pero en ese momento, más del 90% de los medios estaban bajo el control gubernamental y más de 190 medios fueron cerrados desde el golpe de Estado de 2016.

Esta situación de represión informativa se extiende hasta día de hoy y la Comisión lo denuncia como un escenario intolerable: “El Estado turco ha modificado el Decreto de la Ley de Emergencia nº 687 del 9 de febrero de 2017 eliminando las competencias del Tribunal Supremo para sancionar a los medios de comunicación privados que resultan unilaterales durante las campañas electorales”.

Para el año que viene se celebrarán nuevas elecciones en Turquía y Erdogan ya se ha postulado como candidato ganador. Con los apoyos del Partido de Acción Nacionalista (MHP) recién confirmados parece que vaya a haber un resultado poco sorpresivo, sobre todo después de la aprobación de la reforma constitucional. Aunque, previsiones a parte, todavía queda un año para las elecciones y el panorama inestable del país anatolio puede afectar a las decisiones políticas en cualquier situación.

En la próxima entrada seguiremos analizando los cambios constitucionales que vivirá Turquía a partir del 2019.

La Europa a dos velocidades llega a la defensa

Tras décadas (sí: décadas) a vueltas y vueltas sobre si la UE avanzaba o no en el ámbito de la defensa, por fin comienza a verse la luz al final de este dilatado túnel. En el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado esta semana, los Estados miembros han dado el pistoletazo oficial a la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés) en materia de Defensa. Así, 23 de los 28 países miembros –todos menos Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Irlanda y Malta– se han comprometido a comenzar a integrar y coordinar sus capacidades de defensa. El número de países adheridos parece que aumentará de 23 a 25, con la incorporación de Irlanda y Portugal. Es la dinámica que nos espera con las dos velocidades: un grupo de países lidera y deja la puerta abierta al resto para cuando decida sumarse.

¿De dónde venimos? 

  • En octubre de 2016, Alemania, Francia, Italia y España enviaban a sus socios una carta en la que reclamaban una defensa europea autónoma en el terreno operacional e industrial.
  • En noviembre de 2016, el Consejo aprobaba una ambiciosa hoja de ruta para poner en pie la Europea de la Defensa en los próximos años.
  • En diciembre de 2016, la Comisión presentaba el European Defence Action Plan para potenciar la industria europea de Defensa.
  • En junio de 2017, abría sus puertas el cuartel militar de la UE para planificar y conducir a nivel europeo misiones no ejecutivas (es decir, las que no inmiscuyen temas de combate) como las actualmente en curso en Mali, Somalia y República Centroafricana.
  • En noviembre de 2017, los Estados miembros se comprometieron oficialmente a poner en marcha una cooperación estructurada permanente en materia de Defensa.

Y ahora, por fin, echamos a andar. Lo que esta semana ha aprobado el Consejo es la Decisión por la que formalmente se pone en marcha la PESCO. Ahora, los 23 Estados que han suscrito su intención de avanzar en la parcela defensiva deberán acordar una lista de proyectos concretos y tangibles con los que, poco a poco, ir construyendo esa Europa de la Defensa. Entre ellos, programas en ámbitos como la formación, el desarrollo de capacidades y la disponibilidad operativa en materia de defensa.

¿Pero cómo va a funcionar esta Cooperación Estructurada Permanente? Pues a través de una lógica intergubernamental. Aunque instancias comunitarias como la Agencia Europea de Defensa (EDA), el Estado Mayor de la UE o la Alta Representante participarán en la recomendación de los proyectos a acometer, será el Consejo quien tenga la última palabra para decidir qué proyectos se llevan a cabo. Esta dinámica no es la que más beneficia a los intereses comunitarios, ya que su avance queda supeditado a las negociaciones entre estados sin que haya una institución que vele por los intereses generales. En muchas ocasiones nos hemos lamentado de esta dinámica, especialmente en la crisis del euro… Queda por ver cómo esto se acomoda a la coordinación en materia de defensa.

No obstante, estas instancias comunitarias sí que se encargarán de velar por el cumplimiento de los 20 requisitos que todos, voluntariamente, se han comprometido a asumir hasta 2025 para entrar en la PESCO. Entre ellos, incrementar de forma regular la inversión real en Defensa (pago de salarios o mantenimiento de infraestructuras aparte) para que represente al menos el 20% del total, involucrarse en al menos uno de los proyectos concretos que se impulsen y someterse a revisiones periódicas de los progresos realizados. Eso sí, ni una palabra sobre alcanzar ese 2% del PIB en gasto en Defensa prometido ante la OTAN desde 2014 y que prácticamente nadie cumple a día de hoy dentro de la UE.

Y es que, pese a lo bien que suena todo esto, hay otro gran pero: la gran mayoría de estos requisitos están redactados en términos que dejan mucho (o mejor: demasiado) a la libre voluntad de los Estados. Por ejemplo, se fija como criterio el “jugar un rol sustancial [signifique esto lo que signifique] en el desarrollo de capacidades defensivas comunitaria”, el asumir “una implicación intensiva [aham… OK] en el Fondo Europeo de Defensa”, o el “compromiso a considerar el uso conjunto de las capacidades ya existentes”. No nos queda otro remedio que criticar esta serie de vaguedades y falta concreta de exigencias en la asunción de compromisos –que necesariamente dificultará la labor de supervisión comunitaria–, por mucho que la explicación sea que se trata de un área en la que nadie ha querido avanzar en más de medio siglo.

En cualquier caso, se hace camino al andar, y el formato de la PESCO implica que quienes quieran avanzar más rápida y profundamente podrán hacerlo con independencia de lo que quiera hacer el resto. De momento, los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia y España) ya han dejado patente que apuestan por avanzar de forma decidida y real. Ahora, veremos cuántos países se involucran en los proyectos concretos aprobados y hasta qué punto.

Parece que la Europa a dos velocidades llega para quedarse y aquí está su primera gran muestra. Lo seguiremos de cerca…

La eurozona que quiere Bruselas

Tras casi una década del inicio de la Gran Recesión, con las propuestas presentadas esta semana la Comisión Europea da un paso más en el largo y complejo proceso de reformas del euro. Su objetivo: corregir los errores de la arquitectura económica y monetaria europea y dotar a la zona euro de instrumentos que permitan afrontar y prevenir futuras crisis económicas.

Éste no es el primer paso, y tampoco el definitivo, pero es una constatación de que desde Bruselas se quiere aprovechar al máximo la venta de oportunidad y el recobrado optimismo por el proyecto común. Lo que se ha presentado parece ser un punto intermedio entre la ambición de París y las reservas de Berlín, y en definitiva la continuación de un proceso de reformas que viene remodelando la estructura de la Unión Económica y Monetaria desde hace ya varios años.

Fondo Monetario Europeo

Los cimientos del Fondo Monetario Europeo (FME) surgen con la crisis de deuda soberana que azotó la Unión Europea a partir de 2007. Se crearon en 2010 ‘fondos estabilizadores temporales’ (FEEF y MEEF) para rescatar países en quiebra. Los datos confirmaban que la crisis de deuda sería a largo plazo y esos fondos temporales se convirtieron en permanentes. Nació así el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a mediados de 2011 con unos recursos de 700.000 millones de euros y bajo la supervisión de los Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.

Comisión y Parlamento presionaron para que el MEDE adquiriese mayor presencia y mejorase tanto la transparencia como la eficiencia en el uso de fondos. Así pues, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, avanzó el pasado miércoles seis de diciembre cómo quedará el nuevo FME a mediados de 2019:

  • El FME será el sustituto del MEDE. Mantendrá casi intactas las estructuras organizativas.
  • Se continuará proporcionando apoyo de estabilidad financiera a los Estados miembros que lo necesiten. Músculo financiero frente a futuras crisis: 500.000 millones de euros.
  • Dejará de ser parte de una Institución intergubernamental para ser parte de una Institución Europea. Rendirá cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo (Jefes de Estado y de Gobierno de la UE).
  • Los informes que salgan del FME serán reportados a los Parlamentos nacionales que formen parte del Fondo para su valoración. Los Parlamentos nacionales podrán requerir información complementario o la comparecencia del Director Gerente del Fondo (Ministro de Finanzas de la UE).
  • Prestamista de última instancia en el caso de una nueva crisis bancaria.

Reformas estructurales y estabilidad

Con esta propuesta la Comisión pretende continuar profundizando en la armonización política y coordinando las reformas estructurales en los sectores de mayor interés, como el mercado de trabajo, el sistema impositivo, los mercados de capitales o la administración pública. El poder de ejecución de estas reformas aún recae completamente en los Estados miembros y, aunque los intentos de coordinar este tipo de cambios estructurales no son nuevos, la UE necesita mecanismos más efectivos para conseguir una mayor integración. Con este propósito la Comisión plantea dos líneas de actuación.

En primer lugar, movilizando recursos procedentes de las reservas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para que los países miembros puedan implementar reformas estructurales identificadas en el proceso del Semestre Europeo.

Por otro lado, un mayor apoyo en forma de asistencia técnica aumentando el presupuesto del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, que actualmente cuenta con muchos menos recursos (30 millones de euros en 2018) de los necesarios para atender las demandas de los Estados miembros (152 millones de euros).

En términos de estabilidad económica, la Comisión ha propuesto unir las diferentes fuentes de financiación de los Estados desde la UE para mantener los niveles de inversión en épocas de crisis:

  • El presupuesto de la UE y el FME podrían proporcionar préstamos garantizados por el presupuesto de la UE.
  • El presupuesto de la UE y subvenciones limitadas.
  • Un mecanismo de seguro basado en las contribuciones voluntarias de los Estados.

Esta estrategia, además, es consistente con la importancia que se le atribuye a la inversión como impulsor del crecimiento pero también de una mayor resistencia frente a crisis económicas.

Ministro Europeo de Economía y Finanzas

Otra de las grandes propuestas es la del nuevo Ministro Europeo de Economía y Finanzas, que daría coherencia y efectividad a las políticas económicas de la UE, contribuiría a la transparencia y rendiría cuentas ante el Parlamento. Entre las funciones del nuevo Ministro estarían:

  • Vice Presidente de la Comisión Europea: la cabeza visible de la UE y la zona euro en cuanto a asuntos económicos y fiscales se refiere.
  • Presidente del Eurogrupo: hasta ahora era elegido de entre los ministros de finanzas de los Estados miembro.
  • Presidencia de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Europeo (FME). Función neutral teniendo en cuenta los intereses de los accionistas del FME de forma equilibrada.

Este nuevo cargo tendría las siguientes responsabilidades:

  • Representante de la Unión y de la zona euro.
  • Coordinación y supervisión de normas fiscales, económicas y financieras.
  • Coordinar la política fiscal con la política monetaria del BCE.
  • Supervisión de los presupuestos de la UE/zona euro incluyendo apoyo para reformas estructurales y estabilización macroeconómica (caso de países de la zona euro) y convergencia (fuera de la zona euro).

Hoja de Ruta

Estas medidas presentadas por la Comisión han sido anunciadas junto a una hoja de ruta. Según esta agenda, se establece un plazo de 18 meses durante el cual, si los planes de la Comisión consiguen superar las reticencias de Alemania y de otros países de su órbita, las reformas se deberían ir materializando.

De acuerdo a lo previsto, para mediados de 2019 la UE debería haber aprobado el nuevo FME y acordado el nuevo cargo de superministro europeo. Siguiendo esta hoja de ruta, idealmente a partir de esa fecha, y a más tardar en 2025, se podría crear el Tesoro de la zona euro, iniciar la emisión de un Activo Seguro Europeo y simplificar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Entre las críticas, la falta de dinero y cifras que respalden las propuestas, el dejar para otro momento el tan cacareado seguro de desempleo europeo, la carencia de medidas que profundicen más decididamente en el control democrático de la gobernanza o una apuesta más contundente por establecer medidas anticíclicas. Para muchos una oportunidad perdida, para otros tan solo un paso más en el único camino posible (y quizá deseable): el que conecta París y Berlín, pasando por Bruselas.

Todos mueven ficha en los Balcanes

La región de los Balcanes sigue dando que hablar (y estos últimos días, por esta sentencia). Después de las guerras que asolaron la zona en los 90s -y cuyas heridas aún no han cicatrizado completamente-, podemos apreciar una recuperación significativa en algunos de los Estados de la ex-Yugoslavia, mientras otros aún no han conseguido despegar del todo y sufren, aún, el lastre de la corrupción y de fantasmas del pasado.  Como señala Borja Lasheras, el “efecto CNN” ha desaparecido, pero estos países siguen albergando numerosos desafíos. Entretanto, estas debilidades están siendo aprovechadas por distintos actores que buscan incrementar su influencia en la región. Y por otro lado, ¿qué hace la UE?

Es cierto que algunas de las repúblicas de la ex-Yugoslavia han prosperado. Así, podemos incluir a Eslovenia y Croacia dentro de la lista de ejemplos que han conseguido con más éxito modernizar sus instituciones y economías, formando parte ya de la UE, la primera, desde 2004, y la segunda, desde 2013, el último Estado en incorporarse al proyecto europeo. Todo ello, no sin los grandes esfuerzos que ha conllevado, ya no sólo superar los daños humanos y materiales de la guerra (especialmente en Croacia), sino desarrollar unas instituciones democráticas, así como modernizar el modelo económico de “socialismo autogestionario” de la Yugoslavia de Josip Broz, ‘Tito‘.

Pero otras repúblicas, por desgracia, se han quedado algo más rezagadas. Es el caso de Bosnia, la más castigada en su momento por el conflicto, que hoy sufre un desempleo de casi un 40%, mientras las divisiones étnicas siguen latentes (aquí un ejemplo). El desempleo juvenil, por ejemplo, es de más del 50% en Bosnia, obligando a buena parte de los jóvenes, sobre todo los universitarios y los más cualificados, a emigrar. Por su parte, la ex-República de Macedonia y Albania tampoco se libran de las divisiones étnicas, que aunque se han explotado proporcionado beneficios electorales a algunos de sus dirigentes, esto ha llegado al punto de generar roces entre ambos países.

Justamente, son estas divisiones étnicas uno de los aspectos que aún no han conseguido cerrarse del todo, generándose un caldo de cultivo óptimo para el ultranacionalismo y la extrema derecha. Y es, en este río revuelto, donde todos los pescadores quieren echar sus redes. Como señala ECFR, mientras la UE ha disminuido su atención, otros actores, como Turquía, Rusia o incluso China han empezado a mover ficha. Vamos a comentar cómo.

Por motivos geográficos y culturales, Turquía siempre ha tenido los Balcanes como una región primordial en su esfera de influencia. En países como Bosnia, existe una numerosa población de origen turco, mientras los lazos culturales (por motivos religiosos e históricos) siguen estando muy presentes. En la actualidad, se prevé que esta Turquía en la que Erdogan va a tener bien apuntalados (aún más) sus poderes, vea reforzado su margen de maniobra en la zona.

Rusia, por otro lado, siempre ha tenido una relación estrecha con los Balcanes. Tras la desaparición de la antigua Yugoslavia, Rusia ha intentado ejercer influencia, y muy especialmente, en los Estados de tradición ortodoxa, como Serbia o Grecia. Esto le ha servido al gigante eslavo para reforzar sus intereses energéticos (en Grecia, en relación al gas) y político-estratégicos (en Serbia y Montenegro). En este último país, su entrada en la OTAN ha sido un jarro de agua fría a los intereses del Kremlin, mientras la Alianza se anotaba un tanto geoestratégico al interpretar este movimiento, además, como un alejamiento de Montenegro de la esfera de influencia rusa.

Y, aunque no comparta lazos culturales ni geográficos, China también buscar reforzar su presencia en la zona, aunque sus intereses tengan un carácter más económico que político. Así, dentro del ambicioso proyecto Belt and Road Initiative (que implica crear una “Ruta de la Seda moderna”,y del que nos hablaba Óscar Fernández aquí), China ha invertido 600 millones de dólares en un ferrocarril entre Belgrado y Budapest, que en teoría debería ser parte de una futura línea rápida marítima y terrestre que una a China con Europa.

Mientras todos juegan sus cartas, ¿qué hace la UE? El pasado julio, Federica Mogherini recalcó que los Balcanes eran “una proridad” para la Unión, existiendo desde 1999 el Proceso de Estabilización y Asociación, que contempla acciones en varios campos: relaciones contractuales bilaterales, asistencia financiera, diálogo político, relaciones comerciales y cooperación regional. Además, se han abierto negociaciones con todos los países de la zona para una potencial adhesión, siendo ya varios de ellos (Serbia, Albania, Macedonia y Montenegro) candidatos oficiales. No obstante, las propias dinámicas políticas, así como los intereses nacionales de algunos Estados Miembros (Grecia y sus roces con Macedonia, por ejemplo) pueden demorar este proceso.

Pero a pesar de estos avances, ¿debería ser la UE más activa, en ámbitos como la promoción de las libertades públicas, la lucha contra la corrupción o las reformas institucionales?.

El terreno político y la narrativa son también importantes, sobre todo frente al auge de movimientos ultranacionalistas (también existentes en el seno de la UE) que en el caso balcánico ahondan en las divisiones étnicas y mantienen un discurso particularmente radical.

Por otro lado, la política exterior es un campo para reafirmar nuestros valores y demostrar que, efectivamente, los ponemos en práctica y no nos rendimos al cinismo. En definitiva, ¿europeizar (más) los Balcanes para no balcanizar Europa?

El futuro de los acuerdos de libre comercio: ¿qué papel quiere jugar la Unión Europea?

El sistema multilateral de comercio está cambiando drásticamente tras los desajustes producidos en la geopolítica global en los últimos años. Tal revulsión se visualiza en la fatiga de la globalización a ojos de políticos y ciudadanos en vista de que el incremento de flujos comerciales no ha traído consigo, y de forma proporcional, mayor prosperidad, estabilidad e igualdad. Por su parte, la Unión Europea ha otorgado al libre comercio gran prioridad en su apuesta por desarrollar nuevos acuerdos comerciales con otros países o bloques. Con ello, Bruselas confía en que la integración comercial global continúe y las cadenas de suministro estén cada vez más interconectadas.

En este contexto, la creciente desigualdad socioeconómica que presentan las comunidades europeas, unida a las tensiones sociales y políticas y los retos medioambientales del continente, ha puesto en cuestión más que nunca que el libre comercio, y la globalización, sean la panacea del bienestar. Son muchas las voces que claman que los beneficios de la globalización están mal repartidos. Los últimos acontecimientos políticos a escala mundial, y sus distintas expresiones como el auge del populismo, el proteccionismo y las retóricas nacionalistas, han sacudido fuertemente las relaciones comerciales.

Este fenómeno lo hemos vivido recientemente en primera persona, a nivel europeo, con el amplio frente social de rechazo al TTIP, el tratado de libre comercio de la UE con Estados Unidos. La incapacidad política ha sido la otra causa. La fuerte movilización contestataria ha podido abrir un nuevo capítulo en las relaciones comerciales de la Unión Europea con el resto del mundo. La Comisión Europea haría bien en tomar nota de estas posiciones, cada vez de mayor calado popular, a la hora de marcarse una agenda comercial tan ambiciosa como la actual. Aún así, a nivel europeo y global la tendencia a levantar restricciones en las importaciones y exportaciones entre países continúa en ascenso.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá, el CETA, en pleno proceso de ratificación en los países miembros de la Unión, es el ejemplo más reciente y apunta el camino a seguir de su política comercial. Se trata del primer gran acuerdo comercial firmado por la UE desde que el acuerdo con Corea del Sur que se aplica desde julio de 2011. En la agenda quedan acuerdos como los que se proyectan con Australia y Nueva Zelanda, Mexico. El tratado de libre comercio más ambicioso que en la actualidad (aunque los contactos se llevan dando hace años) negocia la UE con Mercosur, el bloque de países formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Venezuela está suspendida) y que algunos confían en que se pueda firmar antes de finales de año.

A continuación desgranamos algunos rasgos del comercio global hoy:

  • Auge del nacionalismo económico: el miedo a la globalización, la creciente desigualdad que ha dejado la crisis y, en paralelo, el populismo, han propulsado mensajes como “Buy American” o “British jobs for British workers”, con un sorprendente calado entre la población general. Además, la pertenencia a organizaciones internacionales ha dejado de verse como una oportunidad ante los crecientes recelos por la pérdida de soberanía. El nacionalismo económico también está vigente en China, con su estrategia “Made in China 2025”, a través de la cual pretenden aumentar masivamente la actividad de sus sectores productivos incrementando la producción de bienes y servicios.
  • Pérdida de peso del bloque comercial occidental: la economía global ha crecido a un ritmo más rápido que la europea y la estadounidense durante los últimos años. El comercio es más multilateral y tiende a concentrarse en Asia. La importancia de acuerdos comerciales en la zona continúan creciendo tras el anuncio de que once países de la cuenca del Pacífico decidieran proceder con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP en sus siglas en inglés) que quedó en el limbo después que Estados Unidos se retirara del tratado. El otro gran acuerdo comercial que se negocia en dicha región es el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). En él se agrupan los países de ASEAN y otros de la región con los que ya hayan suscritos acuerdos de libre comercio: Australia, Brunei, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda Singapur, Tailandia, Vietnam.
  • El multilateralismo abre paso a liderazgos fragmentados: nos dirigimos hacia la convivencia diferentes estándares de representación política mundial. El bloque monolítico, homogéneo y dominante que primó durante años está siendo puesta en duda por el proteccionismo y el deseo de acuerdos bilaterales. La retirada de EEUU del TPP y la salida del Reino Unido del mayor mercado único del mundo han sido dos fenómenos que han puesto en boga esta tendencia.
  • La diplomacia económica: nuevamente nos fijamos en China, ya que su puesta de largo como actor global tiene mucho que ver con esto. Especialmente relevante es la habilidad de su clase dirigente para asegurar el crecimiento del país y mantener cierto contrato social.

La nueva Italia autonómica

Si bien es cierto que todas las regiones europeas con aspiraciones independentistas están mirando lo que está sucediendo en Cataluña estos días, para copiar o no su estrategia, es interesante observar el movimiento que se ha producido tanto en Véneto como en Lombardía. Ambas regiones han cambiado sus aspiraciones secesionistas por las de mayor autonomía, siendo la segunda más apoyada por partidos políticos y ciudadanía que la primera.

Los líderes de Liga Norte de ambas regiones promovieron el pasado mayo un referéndum -no vinculante- para iniciar con Roma el cambio de estatuto de sus regiones hacia regiones con mayor autonomía. Eso es lo que sucedió el pasado 23 de octubre.

Para entender estos movimientos en su contexto, podemos decir brevemente que las veinte regiones italianas tienen dos niveles de autonomía: regiones con estatuto ordinario (15) y regiones con estatuto especial (2 de ellas concebidas para rebajar las tensiones secesionistas existentes, Sicilia y Cerdeña, y las 3 restantes por cuestiones étnicas e idiomáticas: Valle de Aosta, Trentino-Tirol del Sur y Friuli-Venecia Julia). Para hacernos una idea de la diferencia entre ambos niveles autonómicos: la región de Trentino-Alto Adigio (con un millón de habitantes) con estatuto especial tiene el mismo presupuesto que la región de Veneto (con 5 millones de habitantes), con estatuto ordinario. Esta es la cuestión fundamental.

Las posiciones ante los referéndums no son ideológicas, son geográficas. De un lado, tenemos al Gobierno central: Roma mantiene su negativa a este tipo de referéndums porque si ambas regiones consiguiesen más autonomía, éstas podrían quedarse con el 90% de los ingresos tributarios (haciendo peligrar el conjunto del Estado de bienestar) y por su elevado coste: 50 millones de euros en el caso de Lombardía por implementar el voto electrónico como prueba piloto y 14 millones de euros en el caso veneciano con votación tradicional.

De la parte pro-autonomía tenemos a la Liga Norte [Lega Nord es un partido xenófobo de extrema derecha que busca la independencia de todo el Norte de Italia, la denominada Padania], a los Gobernadores y a la mayor parte de los partidos políticos que tienen presencia en esas regiones. Ambos líderes defienden que su demanda de mayor autonomía -e ingresos para financiarla- está respaldada por la Constitución italiana en su artículo 116. Es tal el órdago que Roberto Maroni, presidente de Lombardia y segundo de la Liga Norte dijo que esperaba que ‘el gobierno estuviera dispuesto a negociar porque, de lo contrario, su negativa no sería contra los gobernadores [de las regiones] sino contra la gente’. Es un argumentario que nos resulta familiar a este lado del Mediterráneo.

El propio Maroni ha sido el político más activo en campaña debido a las similitudes de su referéndum con el celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre. A este respecto, afirmó: “El referéndum de Lombardía el 22 de octubre es diferente al de Cataluña, porque es un referéndum considerado ilegal por el gobierno español que pide la independencia. [Nosotros] estamos trabajando dentro de la unidad nacional”. Respecto a la fuga de capitales en Cataluña, añadió: “podría decirle a las grandes multinacionales que buscan invertir en Europa: sabes que si vienes a Milán, durante dos o tres años no haré que pagues impuestos”.

Al cierre de las urnas, la participación en Veneto ha rondado el 60% (la participación mínima requerida era del 50%) y el 30% en Lombardía. Es con la participación, y no tanto con su favorable resultado, con lo que lucharán tanto el gobierno central en Roma como las regiones para negociar en la cesión -o no- de competencias y recursos.

Si la Liga Norte es claramente un partido independentista, ¿se conformarán solo con más autonomía?

Impuesto de sociedades europeo ¿podemos soñar con la integración fiscal?

Ahora que parece que se asientan los cimientos de la economía europea, dejar sin completar la integración económica supondría echar abajo todos los esfuerzos. Recientemente, Macron mencionó uno de esos grandes temas pendientes para la UE en materia económica: la fiscalidad. No se refirió a una unión fiscal propiamente dicha, pero sí apuntó la idea de un impuesto de sociedades comunitario.

La armonización del impuesto de sociedades no es algo nuevo, ya lo propuso la Comisión en 2011. La propuesta era ambiciosa: establecía una base impositiva europea de los beneficios generados en todos los estados miembros para las grandes empresas. En el documento se diseñó este mecanismo como algo voluntario. Idealmente, se acabaría con la transferencia de beneficios entre los países de la UE desde aquellos con tipos más elevados hacia otros con una fiscalidad más ventajosa. Este sistema, además, repartiría la base del impuesto entre los países de manera proporcional a los trabajadores, los activos y las ventas atribuidas a cada país. Así, por ejemplo, una empresa no podrá trasladar las ventas del resto de la Unión al país con menor tributación en el que habitualmente tiene la sede, sino que la base del impuesto será distribuido entre todos los países en los que esa empresa genera sus transacciones económicas, y por lo tanto la fuente de sus beneficios. De esta forma se acabaría con el “dumping fiscal” del que han sido acusados países como Irlanda o Luxemburgo en su afán por atraer a los gigantes digitales dentro de sus fronteras. Esta propuesta claramente tenía una muerte anunciada. Como no podría ser de otra manera, Reino Unido e Irlanda la vetaron antes siquiera de que nos pudiéramos hacer ilusiones.

Sin embargo, la Comisión no desistió y volvió a la carga en octubre del pasado año proponiendo de nuevo lo mismo pero yendo un paso más allá: la medida sería obligatoria para todas las grandes empresas. A esto hay que añadir que el tablero de las negociaciones ha cambiado: por suerte o por desgracia para los irlandeses, estos ya no contarán más con su vecino como aliado para tumbar la iniciativa.

Esta propuesta no persigue únicamente simplificar las obligaciones fiscales de las empresas o eliminar los problemas de doble imposición, es también en beneficio del resto de la sociedad. Imaginemos que una multinacional cualquiera no tenga otros incentivos para establecerse en el país que el de un mejor clima de negocios, la mejor dotación del capital humano, o una economía más dinámica, entre otros. En este mundo ideal, quizás España, Italia o Polonia serían capaces de atraer a esas empresas que, por el momento, no nos han visto siquiera como una opción. A los potenciales beneficios para el resto de países de la UE habría que añadir un nada desdeñable aumento de la recaudación. Llegaríamos, así, a un punto de competencia mejorada dentro de la UE en la que los impuestos no distorsionarían, o al menos no de forma tan descarada, las decisiones empresariales entre los países comunitarios.

Llevamos muchos años erigiendo un mercado único que todavía está en proceso en algunos ámbitos como las telecomunicaciones, el transporte o la energía; no por ello debemos obviar que otras distorsiones, como la impositiva, contribuyen también a la fragmentación y a muchas ineficiencias que hacen que el sueño de un mercado único quede todavía lejos.

Para no perder del todo la esperanza y aunque podría parecer que el proceso de integración europea es ligeramente más incierto después de los resultados de las elecciones alemanas. Francia y Alemania han mostrado ya en la Cumbre de la Unión Europea la lucha contra las aspiraciones de Irlanda y Luxemburgo para que los grandes de internet (Google, Apple, Amazon y Facebook) comiencen a pagar los impuestos que deben. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar para poder saber si esta voluntad de crear una Europa más integrada fiscalmente llegará a materializarse. Mientras tanto, seguiremos despertándonos con noticias sobre cómo las autoridades europeas y nacionales obligan a multinacionales a pagar los impuestos que cualquier otra empresa pagaría. Este enfoque lleva a una acción mucho más descoordinada y menos eficaz que pierde la oportunidad de explotar todo el potencial de la Unión Europea para generar riqueza para todos los ciudadanos.

La sonrisa de Xi Jinping

Haced clic aquí y veréis que no os engaño. El Presidente chino Xi Jinping aparece en todas sus fotos con un rictus desconcertante, una cara de póker, una sonrisa de Mona Lisa sujeta a un millar de posibles interpretaciones. Da igual si está dando la mano a Donald Trump o haciéndose una selfie futbolera con Sergio Agüero y David Cameron. Ahí están Xi y su ambivalente rictus, y ahí está la ambivalente China que él representa. Esa China en la que Xi parece tener todo bien amarrado, en vísperas de un Congreso del Partido Comunista que previsiblemente reforzará su supremacía. Pero no lo olvidemos: China dista mucho de ser un monolito.

Me contaban este verano en Pequín —una asombrosa ciudad en permanente tensión consigo misma, rebosante de historia milenaria, souvenirs con el rostro de Mao y KFCs— que, si eres un politólogo chino y quieres ganarte el favor del Partido Comunista, más te vale prestar atención a la Belt and Road Initiative (BRI). Según Xi, se trata ni más ni menos que del “proyecto del siglo”, así que si no habéis oído hablar de ella es un poco como si todavía pensarais en pesetas. No os ofendáis los aludidos.

La BRI consiste en una especie de revival a lo grande de la archiconocida Ruta de la Seda. Esta versión 2.0 debe su nombre a que se desarrollaría a través de un “cinturón” terrestre euroasiático y una “carretera” marítima (¿?) que llegaría hasta el Mediterráneo. China pretende basarse en la BRI para robustecer sus vínculos comerciales e incrementar sus inversiones en infraestructuras estratégicas en el exterior. Pero no solo eso.

Echad una ojeada a este breve vídeo promocional sobre la BRI. Os prometo que vale la pena. Sí, se pueden hacer todos los chistes que queráis sobre su estética naíf, pero en el fondo lo que yo aprecio en él es un intento por parte de China de mejorar su “poder blando”. Su atractivo internacional, en otras palabras. La BRI tiene un componente político además de económico, lo cual es una obviedad tratándose de un proyecto de tan inmenso calado (casi 1 billón de dólares). En el comunicado que firmaron los numerosos líderes internacionales presentes en el Belt and Road Forum de hace unos meses, se habla incluso de promocionar la democracia, los derechos humanos, etcétera. Lo de Liu Xiaobo, ya tal.

¿Por qué os cuento todo esto en un blog sobre Europa? Ya supondréis que mi objetivo no es congraciarme con el Partido Comunista chino. El motivo primordial es que, en junio de este mismo año, un Estado europeo vetó una declaración conjunta de la UE en la ONU para condenar precisamente las violaciones de derechos humanos en China. Es la primera vez que esto ocurre, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Por desgracia, en la UE no andamos faltos de países en plena deriva hacia el autoritarismo. El Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, quiere instaurar un Estado iliberal siguiendo el modelo de países como la propia China. Lo dijo sin ningún pudor, no vayáis a pensar que se anda por las ramas. La Hungría de Orbán y la Polonia de Kaczyński parecerían las más claras candidatas a romper filas con la UE en su defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Pero, como algunos de vosotros ya sabréis, no fueron estos los países que usaron su veto, sino… Redoble de tambores… ¡Grecia!

Recordaréis que os decía que la BRI pasa por el Mediterráneo. Pues resulta que COSCO, una naviera china de propiedad estatal, se hizo el año pasado con el control del 51% del puerto griego del Pireo, al que China quiere convertir en su “cabeza de dragón” en Europa. El Gobierno de Tsipras, que todavía tiene un profundo agujero económico que tapar, se ha resignado a recibir con una alfombra roja a macro-inversores extranjeros, aunque ello conlleve implícitamente ciertos sacrificios políticos.

Por supuesto, ese no es relato oficial. Según el Ministerio de Exteriores griego, la postura de Grecia en la ONU nace de un convencimiento de que las críticas de la UE a China no son productivas. En ese caso, ¿debemos entender que la alternativa “productiva” que plantea Grecia es contribuir al crecimiento de China sin incomodar al Partido Comunista? Casi puedo ver cómo a Xi se le ensancha la sonrisa.

Pero sería muy simplista limitarse a señalar a Grecia, como si esto no fuera con nadie más. La crisis griega es una crisis europea, como lógicamente también son europeas sus consecuencias. Permitidme aquí una de esas aliteraciones solemnes a las que tanto recurren los speechwriters: la UE debe reformarse, reequilibrarse y reafirmarse en sus valores. Difícil de poner en práctica, lo sé, y seguramente los resultados de las elecciones alemanas no ayuden. Pero no queda otra. La UE representa un ambicioso modelo de integración basado en una serie de principios y reglas compartidas, que incluyen una defensa férrea de los derechos humanos, y en ello radican gran parte de sus éxitos históricos. Si la falta de cohesión interna se lleva por delante su identidad normativa, la Unión habrá perdido su principal activo a nivel global y —lo que es todavía más importante— su principal razón de ser.

Como bien explica aquí mi compañero Alex, la UE no debe sucumbir al proteccionismo facilón que propone Trump, y haría bien en seguir tendiendo puentes económicos con la reemergente China. Sin embargo, por mucho que Xi saliera este año de Davos (merecidamente) por la puerta grande, el compromiso de China con una globalización basada en la reciprocidad es en realidad limitado. Apostar por algún tipo de mecanismo de control de inversiones extranjeras, como han sugerido por ejemplo Macron y Juncker, sería coherente con el fomento de una cooperación económica regulada y transparente, y con ello no estaríamos incurriendo en un proteccionismo de nivel “Trump” en la escala de Richter. Por cierto, a la implementación de este mecanismo se opone también cierto Gobierno europeo que todos adivinaréis, junto con algunos otros que teóricamente se encuentran en sus antípodas ideológicas. (Lo de la vigencia del eje izquierda-derecha lo dejamos para otro artículo, que ya estoy abusando bastante de vuestro tiempo.)

Una de las muchas características admirables de China es que su visión de la política es significativamente más estratégica que la nuestra. La BRI es actualmente el mejor ejemplo de ello. En China se piensa a lo grande y a largo plazo, y las décadas en que ha mantenido un perfil bajo se están agotando. Xi ha comandado la transición hacia un nuevo capítulo, en el que se dice que aspira a ser una especie de Mao en el contexto de Deng. La respuesta más estratégica por parte de la UE sería dar a entender a Xi que no estamos dispuestos a comprar el paquete entero, y que nuestra vulnerabilidad puede ser legítimamente aprovechada a través de acuerdos que conlleven un beneficio mutuo, pero nunca explotada.

Aquí va mi propuesta final: tratemos al gigante chino simultáneamente como una amenaza y una oportunidad, como si del gato de Schrödinger estuviésemos hablando. Exploremos esas zonas grises —sin caer necesariamente en la equidistancia— tan poco transitadas hoy en día. Devolvamos a Xi exactamente la misma sonrisa ambigua que él muestra al mundo. Ni dragon slayers ni panda huggers, eso es lo que (no) somos.

Sigue al autor en Twitter

Después de Tallin, aún mucho por decidir

“Estamos construyendo en la Unión Europea una sociedad digital”, indicaba el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, momentos antes de la cumbre de Tallin sobre la Europa digital. “Pero para ello —añadía— necesitamos la infraestructura correcta, las normas correctas y la actitud correcta”.

No es casualidad que sea Estonia el país que está intentando, en su semestre de presidencia del Consejo, impulsar una economía y sociedad digitales. Esta república báltica utiliza plataformas y herramientas digitales en la educación, fue el primer Estado en permitir votar por Internet en unas elecciones generales, cuenta con una de las bandas anchas más rápidas del mundo, destaca por los avances en pagos electrónicos y por su servicio de salud digitalizado. Además, ofrece la residencia electrónica que permite acceder a numerosos servicios digitales. En conclusión, Estonia es referencia para todo país que quiera avanzar hacia una administración y unos servicios públicos electrónicos.

Son muchos, como vemos, los temas que se podían discutir en Tallin, pero, como suele ocurrir en muchas de estas cumbres, las conclusiones se quedan en meras declaraciones de intenciones, como querer adaptar el sector público a la era digital, convertir a Europa en líder global en ciberseguridad para 2025, hacer de la UE el mejor escenario para los negocios y la innovación, empoderar a las personas, e invertir en el crecimiento de la economía digital. El desfile de personalidades antes de la cita iba dejando atractivas palabras que deleitaban a los medios sobre los beneficios de la Europa digital. Palabras.

Estonia quiso organizar un gran evento, una gran cumbre sin entrar en las largas discusiones en las que se suelen enzarzar los líderes europeos, y preparar, así, una agenda de cara a 2025 basada en un amplio abanico de cuestiones generales. Por supuesto que, cuando hablamos de economía digital, hay que pensar a largo plazo, pero las palabras se pueden quedar en el aire, y lo que debería establecerse es la base de un acuerdo que siente las bases normativas de lo que queremos conseguir. Por cierto, el tiempo se agota: de las 24 propuestas legislativas de la Comisión en materia digital, aún deben adoptarse 18 antes del final de 2018.

Por su parte, Emmanuel Macron se presentó en Tallin con su programa. Francia ya llevaba una iniciativa, suscrita también por España, Alemania e Italia, que tiene como fin frenar los abusos fiscales de gigantes digitales como Google, Amazon, Facebook o Apple. Estos cuatro países defienden que estas compañías han usado regímenes fiscales que les han permitido no pagar billones de euros en impuestos en la UE. Por ello, de acuerdo a esta idea, según Macron apoyada por 19 Estados, estas compañías pagarían impuestos en función de lo que facturen en cada país, en lugar de, como lo hacen actualmente, por los beneficios que obtienen.

Estonia evitó cualquier confrontación en torno a este asunto, al existir diferentes opiniones al respecto, y no se incluyó en la agenda. Quienes no esconden su oposición a esta iniciativa son Irlanda y Luxemburgo. La Comisión Europea sancionó a Apple en 2016 a pagar 13.000 millones de euros a Irlanda por haberse beneficiado durante más de una década de rebajas fiscales. Además, se están investigando prácticas similares entre Luxemburgo y Amazon. Por su parte, el ejecutivo comunitario impuso, el pasado mes de junio, una multa a Google de 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante en su servicio de comparación de compras en línea. En conclusión, la Comisión barajará varios escenarios, se concede tiempo y hará pública su propuesta en primavera.

No se puede negar que no se esté avanzando en iniciativas digitales, pero los acuerdos no acaban de llegar. Sí, se han eliminado los recargos por roaming, pero hay mucho más en juego. La Comisión propuso hace un año un código europeo de comunicaciones electrónicas, pero los Estados bloquean los avances para la gestión de la coordinación del espectro, clave para la llegada del 5G y el internet de las cosas. También se quiere acabar con el bloqueo geográfico injustificado para evitar discriminación a los consumidores. Asimismo, se deben dar pasos para proteger la seguridad de los ciudadanos en Internet, entre muchas otras cuestiones.

Está claro que la fragmentación europea en el terreno digital impide serios avances. Si caminamos por separado, no haremos más que obstaculizar el desarrollo de todas estas tecnologías. La integración europea consiste, precisamente, en facilitar la vida de los ciudadanos europeos, en que nos beneficiemos del mercado único, también en lo digital; en que podamos acceder a cada vez más servicios electrónicos, que son menos costosos y más cómodos. Eso sí, sin seguridad, no habrá tecnología, y la sociedad europea digital no será posible.

Claves de las elecciones alemanas

Tras la jornada electoral del domingo 24 de septiembre en Alemania, compartimos a continuación estas cápsulas de análisis sobre los resultados electorales y sus implicaciones para Europa:

  • Finalmente, las urnas le han dado a Merkel un resultado peor del que pronosticaba cualquier encuesta. Con todo, el receso es muy controlado si tenemos en cuenta el propio coste y desgaste políticos: estamos hablando de una campaña para aspirar nada menos que a un cuarto mandato y con un tema en la agenda política, los refugiados, que han polarizado las posiciones respecto a su partido.
  • Las elecciones alemanas vienen a confirmar lo que ya se apuntaba en otros sitios de Europa: lo migratorio es uno de los ejes políticos inevitables en la política europea. Da igual que los refugiados y los inmigrantes económicos no sean lo mismo; da igual que los refugiados musulmanes estén huyendo del horror y la persecución. Da igual y ya no hay vuelta atrás. Las sociedades europeas consideran la inmigración y la integración como un problema que, situado en el top de las prioridades, alimenta a partidos xenófobos y autoritarios en todos los rincones del continente.
  • Con el 13% de los votos (y alrededor de 87 escaños), Alternativa por Alemania, AfD por sus siglas en alemán, se coloca como tercera fuerza. Sube con fuerza desde los resultados que obtuvo en 2013 (4,7%) y se coloca como segunda fuerza en ‘Alemania del Este’. Se definen como derechistas, nacionalistas y euroescépticos, marcan distancias con el partido nazi NPD, pero bebe de él.
  • AfD hizo bandera del rechazo a los refugiados, a la inmigración y al islam. Merkel ha pagado el desgaste de ser la líder europea que más claramente se posicionó a favor de la acogida, con una campaña feroz por parte de amplios sectores sociales que ha tenido acomodo no solo en AfD, sino también en el FDP.
  • La mayoría de votantes del AfD califican su propia situación económica mala o muy mala además de injusta y provienen, principalmente, de la abstención y del descontento con la CDU y, en menor medida, con los socialdemócratas del SPD y la izquierda de Linke.
  • Por su parte, el Partido Socialdemócrata (SPD por sus siglas en alemán) pierde cinco puntos respecto a las elecciones de 2013, lo que sitúa al partido de Schulz en su peor resultado desde la postguerra, con un 20,7% de los sufragios. Ello es una muestra no sólo del declive del partido, sino también de la reconfiguración del panorama político en un país en el que, como recuerda The Economist, socialdemócratas y cristianodemócratas representaban en total un 80% de los votos. Hoy, el bipartidismo supone apenas un 53%.
  • Recurriendo a una explicación que los politólogos suelen defender habitualmente, es cierto que el fracaso del SPD pudo deberse, en buena medida, al efecto perjudicial de la gran coalición: los votantes tienen problemas para identificar quién adopta qué medidas. En el caso alemán, el SPD logró imponer a Merkel medidas como el salario mínimo, algunas políticas en materia de vivienda o la aprobación del matrimonio igualitario, pero el rédito lo obtuvo el partido de la canciller, pese a que había optado por el perfil bajo.
  • La lectura de la factura que ha pasado la gran coalición a los socialdemócratas les viene bien hoy para justificar su estrategia postelectoral, pero no olvidemos que a principios de año Schulz remontó en las encuestas (superando incluso a la CDU en febrero), y quizá esta caída tenga también que ver con las carencias de su discurso y el déficit a la hora de presentarse como alternativa real a la formación encabezada por Angela Merkel.
  • El Partido Liberal (el FDP, por sus siglas en alemán), por su parte, vuelve al Bundestag tras haber quedado fuera en las elecciones de 2013, cuando no alcanzó el umbral electoral del 5% requerido para entrar en el Parlamento. ) Tradicionalmente europeísta y liberal, bajo su nuevo candidato, Christian Lindner, el FDP ha hablado de economía digital y de reformas, pero también reforzado su faceta liberal en materia económica (defensores de bajos impuestos y menos regulaciones), mientras se ha mostrado muy “prusiano” en el ámbito presupuestario y en el cumplimiento de las reglas de gasto a nivel europeo.
  • Como ya se anunció durante la campaña, los liberales van a pedir el ministerio de Finanzas para formar parte de esta coalición, fundamental durante las últimos años para entender el papel de Alemania con respecto a la crisis de deuda en Europa. En este sentido, el FPD de Christian Lindner apuesta por una mayor dureza con los países deudores, se muestran reticentes a las propuestas de avanzar hacia una mayor integración de los países de la zona euro y defienden poner fin a algunos de instrumentos de solidaridad como el Fondo de Rescate de la UE (MEDE). Una situación que pondría todavía más trabas al ya complejo equilibrio de intereses entre Francia y Alemania. Un acuerdo del que depende que Europa avance finalmente, o no, en las esperadas reformas.
  • La opción más lógica ahora mismo es la conocida como “Jamaica”, los democristianos de Merkel junto a los liberales del FDP y los Verdes. Esta posibilidad no se antoja sencilla, pues tanto liberales como verdes aprovecharán esta oportunidad para intentar sacar el máximo rédito político a la situación, precisamente frente a un CDU/CSU que consolida su posición de liderazgo.
  • En definitiva, nos quedamos preocupados por el ascenso de la formación AfD. Peligra la concepción europeísta de sociedades abiertas en las que muchos creemos y no parece fácil revertirlo. Las sociedades cerradas son más autoritarias, menos prósperas y menos inclusivas, pero el ascenso de los partidos extremistas no es causa sino síntoma. Si Merkel pretende recuperar el votante que se ha ido a AfD veremos qué propuestas adopta, pero no parece que ninguna vaya a ser en beneficio de la UE.
  • Con todo, no debemos subestimar su capacidad para soportar la presión, máxime cuando su gestión como canciller ha estado caracterizada por su flexibilidad ideológica y su capacidad de adaptación, y tratándose además del mandato en el que se preocupará por construir un buen legado como canciller alemana y como líder europea. Ánimo, Merkel. Eres una de nuestras últimas esperanzas.